La política es cosa de hombres. Ese es el mensaje que transmite la violencia política hacia las mujeres, fenómeno que analizó el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). En Argentina, el 98 % de legisladoras entrevistadas para un estudio, aseguró haber percibido discriminación en el ámbito político por la condición de género.

La violencia política está definida, según la Organización de los Estados Americanos (OEA) como “cualquier acción, conducta u omisión, realizada de forma directa o a través de terceros que basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o varias mujeres, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos. La violencia política contra las mujeres puede incluir entre otras, violencia física, sexual, psicológica, moral, económica o simbólica”.

El ELA realizó un estudio titulado Violencia política contra las mujeres en Argentina: Experiencias en primera persona, en el que se entrevistó y encuestó a 45 legisladoras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y de 11 provincias, entre las que se incluyó a Mendoza. Cabe aclarar que las mujeres que fueron parte de la muestra representan a partidos.

Los números más impactantes

De los resultados más relevantes, se desprende que -además de que el 98 % de las encuestadas aseguró haber percibido discriminación contra las mujeres en el ámbito político- el 80 % sufrió situaciones de violencia de género a lo largo de sus carreras. Además, al 67 % las han insultado, menospreciado o humillado en el ejercicio de sus funciones y al 58 % les han impedido que asista a reuniones importantes o en las que se toman decisiones. En tanto, al 44 % les han impuesto tareas ajenas a las atribuciones de su cargo, vinculadas con tareas “típicamente femeninas” como tomar notas u ocuparse de la organización y logística de encuentros y actividades.

En el informe de ELA se detalla que la mayoría de las legisladoras que participaron de las encuestas y entrevistas aseguraron que la violencia política provino de un varón (63 %), mientras que a un 32 % de ellas las agredieron indistintamente varones y mujeres y un 5 % de las agresoras fueron de género femenino. Además, la mayoría de los ataques fueron a través de redes sociales.

Testimonios en primera persona

Hay declaraciones impactantes de las legisladoras vinculadas a la violencia simbólica que se ejerce sobre ellas, en las que se las juzga por cuestiones basadas en su género y en información privada. Además, se las ha difamado a través de información falsa o fakenews.

“Hay una constante referencia a si sos esposa de, amante de”, dice una de las citas de las entrevistas. Durante la encuesta también aseguraron que "se les inventó romances, o que se acostaron con alguien para llegar” y que “los comentarios al aspecto físico son constantes”. “Una vez después de una entrevista en televisión leí en las redes un comentario que decía: las extensiones de la diputada (en alusión a mi peinado) las paga el pueblo”, dijo una de las legisladoras consultadas.

Las conclusiones del informe

En el documento elaborado por ELA se llega a la conclusión de que Argentina suele citarse como un ejemplo en relación con las posibilidades de acceso de las mujeres a puestos de toma de decisión, debido a que es un país pionero en leyes como la de Cupo Femenino y a que tuvo durante dos períodos consecutivos a una presidenta. Sin embargo, se necesitan nuevas leyes para prevenir y erradicar la violencia política hacia las mujeres, ya que de lo contrario, el “techo de cristal” sigue siendo un obstáculo para aquellas que tienen vocación de lo público.

En nuestro país, la senadora nacional por Chubut del Frente para la Victoria (FpV), Nancy González, presentó un proyecto de ley en 2016 que perdió estado parlamentario. Este año fue presentado nuevamente y, en el primer semestre también se propusieron otras iniciativas acerca del tema. Hasta el momento, en Latinoamérica, sólo Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay han sancionado leyes contra la violencia política contra las mujeres.