Como consecuencia del cambio climático, es de esperarse para regiones andinas o ambientes cordilleranos un cambio paulatino en la temperatura media esperada, como así también en el régimen e intensidad de las precipitaciones en los próximos años. En este marco situacional es que la política ambiental supra y local de un país debe planificar las necesarias pautas de adaptación a emprenderse en la actualidad, en una clara analogía con la prospectiva: “pensar en el futuro para actuar hoy”.

Los gobiernos regionales como los de Argentina, e incluso sus provincias, cuentan en la práctica con la totalidad de las competencias necesarias para la definición de estrategias de adaptación al cambio climático y la voluntad política para hacerlo.

La economía es capaz de aportar directrices, lineamientos y criterios económicos de diversas naturalezas. Un claro ejemplo de esta capacidad son los estudios vinculados con la valoración de los costos y los beneficios de la adaptación a cambios. Se trata de un área de estudios con escasa adopción efectiva por parte de la gestión pero con un gran desarrollo desde la esfera de la investigación.

En la planificación de políticas públicas que permita atender las consecuencias acuciantes que imponen la alteración climática, se hace necesario contar con información confiable, tanto a escala local como regional. La cuantificación económica de los impactos puede resultar de gran utilidad si es debidamente construida y presentada, representando los daños monetarios que podrían evitarse por medio de la política de adaptación o los costos en los que se debería incurrir en caso de que la política pública sea la inacción.

Algunos impactos pueden ser cuantificados de acuerdo con su valor de mercado, mientras que otros impactos no son tan fácilmente estimables dado que no se intercambian en el mercado y, por lo tanto, no existen valores que de éste se puedan obtener. No obstante, se han desarrollado numerosos técnicas y métodos para valorar aquellos servicios económicos que presta un bien ambiental, así como la valoración e internalización de las externalidades positivas o negativas derivadas de un proyecto. Dos ejemplos son las pérdidas económicas derivadas de la reducción en la provisión de servicios ambientales o los perjuicios generados por actividades contaminantes indebidamente internalizados.

A modo de conclusiones, por un lado, hoy la Economía Ambiental es un área de la ciencia económica que debería ser tomada en cuenta en virtud de los valiosos aportes que tiene en este sentido. En segundo lugar, en el marco de la política ambiental, resulta fundamental que se realice contando con la mejor información disponible.

Esto conlleva a un enorme abanico de recomendaciones sobre lo que podría hacerse, como el apoyo a proyectos de investigación en esta línea y que sean de utilidad directa para la toma de decisiones. Hay que mantener siempre presente que existe un claro desafío: armonizar las capacidades y los roles en pos de articular, coordinar, debatir y reflexionar sobre ideas provenientes del ámbito científico y del sector que diseña y ejecuta políticas públicas.