Con 24 votos a favor, 21 en contra y 3 ausentes, se dio sanción inicial al proyecto de ley que disuelve la Empresa Provincial de Transporte de Mendoza (EPTM) y se la reemplaza por una sociedad anónima unipersonal (Sociedad de Transporte de Mendoza). En un clima tenso, tanto a nivel político como social, llamó la atención el voto negativo de la diputada de la Unión Cívica Radical (UCR) Julia Ortega. La sesión se vio marcada también por los tres legisladores ausentes, todos del bloque del Partido Justicialista (PJ), con los cuales se habría podido empatar la votación.

El gobierno de Alfredo Cornejo pretende cerrar el año con la Empresa Provincial de Transporte de Mendoza convertida en una sociedad anónima unipersonal y el Zoológico convertido en ecoparque. Al menos la primera de esas dos iniciativas ya está en camino de convertirse en ley.

Fueron cuatro horas de debate en una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, interrumpida dos veces por pedidos de breves cuartos intermedios que se solicitaron para intentar apaciguar el clima que se vivía en las calles. Trabajadores de la EPTM, manifestantes de diversas agrupaciones como el Frente de Izquierda y el Partido Obrero y estudiantes coparon las inmediaciones de la Legislatura para expresar el repudio al proyecto de ley.

En ese contexto, primero hubo conflictos entre los empleados que se manifestaban y el fiscal Carlos Torres, quien solicitó que liberaran las calles cortadas por dos unidades vehiculares de troles. Posteriormente, hubo un guardia de la Policía levemente herido y, según la sindicalista de ATE Raquel Blas, también hubo un trabajador afectado.

La protesta se debió al espíritu de la iniciativa legislativa enviada por el Poder Ejecutivo de la mano de la Secretaría de Servicios Públicos, a cargo de Sergio Marinelli. El proyecto establece la disolución de la EPTM, única empresa provincial en el transporte público, para reemplazarla por una sociedad anónima unipersonal en la que el 100 % de las acciones queda en manos del Estado. De ese porcentaje, a futuro se podrá transferir hasta el 49 % y sólo con una autorización anterior de ley aprobada en la Legislatura.

Otro de los problemas con esta legislación es que resulta poco certero el destino de los empleados de la actual EPTM. La iniciativa establece cuatro posibilidades en su artículo 11: la primera es la incorporación voluntaria a la nueva “Sociedad de Transporte de Mendoza” (STM) con autorización previa del directorio de dicha sociedad. La segunda opción es la probabilidad de ser reubicado en “otras dependencias dentro del ámbito de la Administración Pública Provincial”. Otra posibilidad es el sistema de retiro anticipado y, por último –y es el ítem que genera dudas–, se prevé que “para el caso del personal que no quede comprendido en alguno de los incisos anteriores, se les aplicará el procedimiento correspondiente al de la supresión de un organismo del Estado previsto en el artículo 17 del Decreto 560/1973”.

Es principalmente por ese artículo y por la incertidumbre laboral que representa este proyecto que el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), el Bloque Justicialista y la diputada Ortega de la UCR votaron en contra. Sin embargo, al tener la mayoría de votos positivos, se le dio sanción inicial por parte de la Cámara Baja. Al final de la sesión, los trabajadores de la empresa que estaban presentes se mostraban angustiados, al borde del llanto.

El día que el Justicialismo comenzó a ser oposición

Aunque la sesión era de diputados, también hubo senadores presentes mientras se debatía por la iniciativa. Al ingresar al recinto, se veían en la mitad de las bancas (del FIT y del PJ) carteles con la leyenda “No a la privatización del trole”.

Fue la primera vez en todo el año de la gestión de Cambiemos que el bloque justicialista votó unánimemente en contra de un proyecto enviado por el Gobierno. Ante esta situación y teniendo en cuenta que los tres diputados ausentes –Silvia Ramos, Cristina Pérez y Alejandro Viadana– eran del Frente para la Victoria (FpV), la iniciativa se podría haber como menos “trabado” en la Cámara Baja, porque podría haberse dado un empate de votos.

Muchos legisladores peronistas participaron activamente en el debate; el presidente del bloque Javier Cófano, Jorge Tanús, Lucas Ilardo, Patricia Galván y Gustavo Majstruk, entre otros. Sus discursos se fundaron en el acompañamiento a los trabajadores cuyas fuentes laborales peligran ante esta posible ley, pero también hablaron a un nivel general, en el que criticaron vehementemente las políticas de Alfredo Cornejo en la provincia y de Mauricio Macri en el país, calificándolas de neoliberales. También cargaron contra el ajuste económico y las medidas de gobierno que han provocado el desempleo.

Por su parte, el oficialismo justificó la “conversión” de la EPTM bajo el argumento de que es una empresa económicamente deficitaria, en la que sobran trabajadores y que se encuentra en un estado irremontable. El presidente del bloque de la UCR se disgustó por los discursos de los legisladores de la oposición justicialista porque ese partido político gobernó durante los últimos años y también constribuyó a “dejar caer” la empresa, como dijo el secretario adjunto de la EPTM, Jorge Chávez.

La posición silenciosa de Julia Ortega

Aunque el único que disertó en el debate del oficialismo, y a modo de presentante del proyecto de ley a tratar, fue Jorge López, la diputada Julia Ortega expresó su voto negativo cuando se hizo la votación nominal general y abandonó el recinto cuando se votó artículo por artículo.

Aunque no dio conferencia de prensa, la diputada dejó a periodistas de Señal U un escrito de su autoría en el que argumenta por qué no está de acuerdo con la conversión de la EPTM. Entre sus justificaciones, señala que la UCR impidió la privatización de la empresa en la década del 90 y que convendría desarchivar un expediente de los exdiputados Amalia Monserrat, Santiago Cazzoli, Ricardo Puga, Luis Petri, Andrés Marín y Alejandro Molero.

En ese proyecto, según el escrito, se transforma a la EPTM en Sociedad del Estado, “adecuando su figura legal para hacerla más competitiva y ágil en sus resoluciones, y eficaz en la forma de contratar con terceros, como columna vertebral del sistema mixto de transporte público de pasajeros, como expresión más cabal de la posición histórica de la UCR en esta temática”.  Ortega fue la única diputada oficialista que votó en contra del proyecto presentado por el Ejecutivo.

Imagen del escrito de Julia Ortega en el que justifica su voto negativo al proyecto de ley.

Agentes de la EPTM, contra la disolución de la empresa