Como una historia repetida, nuevamente se empantanó la renegociación de la deuda que mantiene la Provincia con el Banco Nación y se reavivó el tironeo político entre el radicalismo y el peronismo. El Gobierno de Rodolfo Suárez no aceptó las condiciones propuestas por la entidad financiera al considerar que la oferta no es conveniente y que se buscan acuerdos “en virtud de la capacidad de pago” de Mendoza. De esta manera, solicitó revisar nuevamente las condiciones de pago de la deuda, que asciende a $ 11.000 millones y que representa el 15% de la deuda total de la Provincia.

Si bien la gestión de Suárez ha insistido en dejar claro que mantiene abierta las conversaciones con el organismo financiero que preside Eduardo Hecker, la falta de acuerdo volvió a tensar la cuerda a nivel político. Las zonas grises a las que se ha llegado con Portezuelo del Viento; el reparto de los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) en el cual Mendoza no aparece en el lote de provincias beneficiadas; y esta negociación sin resultados, erosiona de a poco la relación que el Gobernador intenta mantener con la gestión de Alberto Fernández.

“Estamos dispuestos a negociar, pero la propuesta hecha por el Nación se aprobó por directorio sin prácticamente consultarnos respecto a los puntos. Vamos a firmar cuando las condiciones sean satisfactorias para la Provincia”, aseguraron desde Casa de Gobierno.

El 18 de mayo, el Nación le ofreció a Mendoza un “alivio” en las condiciones de pago, con un plazo de gracia de 6 meses a partir de julio (comenzaría a pagar en enero del 2021), y alargando el pago de la deuda actual -que hoy vence en 2023- a 60 meses, por lo que se abonarían cuotas hasta el 2025. Además, en esta propuesta se mantiene la tasa UVA más el 5% con la que la Provincia renegoció en 2018.

No obstante, también se puso una cláusula con la cual Mendoza, si acepta la renegociación, deberá renovar el convenio como agente financiero del Banco por 5 años más, teniendo en cuenta que vence en junio del 2021.

Esta propuesta está bastante lejos de lo que pretende la Provincia, que había solicitado en enero un plazo de gracia del capital más amplio, por 18 meses; una baja en la tasa de interés (UVA más 2%); y que las cuotas se extendieran hasta el 2026 (72 meses).

A medida que se extienden -y empantanan- las negociaciones, crecen las acusaciones políticas. Así como cerca del Ejecutivo expresan que se está “pateando” la negociación mientras Mendoza debe seguir pagando cuotas altas (ven allí la influencia de la senadora Anabel Fernández Sagasti), en el Nación, donde revista como síndico el ex ministro de Pérez Marcelo Costa, sostienen que el gobierno mendocino podría haber respondido en la misma fecha en la que se recibió la propuesta, el 18 de mayo, y no los últimos días.

Sin embargo, esto fue refutado en Casa de Gobierno, al indicar que desde el comienzo de la gestión Suárez se pidió un refinanciamiento y que “cinco meses después aprobaron unas condiciones que ni siquiera se acercan a lo pedido por la Provincia”.

Urgencias económicas

El problema es que en esta deuda ya se está pagando tanto en intereses como capital poco más de $ 300 millones por mes. De hecho, la semana pasada la Provincia pagó un cupón de $ 340 millones ($50 millones de interés y $ 290 millones de capital) y en los meses que vienen se seguirán abonando montos semilares, en un contexto desfavorable en materia económica para las cuentas públicas.

Desde el Banco Nación se mostraron sorprendidos por la reacción de la Provincia y manifestaron que tenían el conocimiento que la Provincia estaba de acuerdo con las condiciones propuestas. “Si el tema es el plazo de gracia, siempre hay momentos para volver a dialogar. Si en diciembre la Provincia no mejora su situación económica, las puertas están abiertas para volver a discutir”, señalaron.

Mientras tanto, estos seis meses de idas y vueltas han implicado un pago de $ 1.601 millones sólo de capital ($ 1.895 millones sumando intereses), que según el Gobierno “se podría haber afectado a la contención de la pandemia, en medio de la recesión económica”.

Polémica por el agente financiero

Uno de los puntos importantes de la cláusula del convenio con el Banco Nación es la negociación del agente financiero de la Provincia, ya que Suárez en su propuesta de campaña, prometió trabajar en la conformación de un banco provincial. No obstante, la pandemia y los sucesivos problemas económicos, han desacelerado el poryecto, por lo que se entiende que Mendoza, en virtud de esta renegociación, seguirá durante 5 años más trabajando con el Nación.

No obstante, desde la entidad dejaron en claro que la condición del banco como agente financiero “no debería entorpecer la actual negociación” con la Provincia, ya que en la renegociación del 2018 que firmó Cornejo se dispuso una “cláusula de aceleración”, que marca que si Mendoza decide cambiar de agente financiero deberá pagar el 100% de la deuda, que hoy en día no está en condiciones de hacer a menos que acceda a otro tipo de financiamiento.

Un pasivo que se inició en la gestión de Pérez

La deuda con el Banco Nación se gestó en el 2015, al final de la gestión de Francisco Pérez, cuando se pidieron $ 4.400 millones (una mitad en descubierto y la otra con un crédito) que tenían vencimiento corto a diciembre de ese mismo año, en un contexto donde el radicalismo había bloqueado el endeudamiento del Gobierno.

Con la llegada de Cornejo, el mandatario radical logró posponer el vencimiento a corto plazo de ese monto y obtener un período de gracia de 12 meses, pagando sólo intereses. Luego, en 2017, se restructuró la deuda con una tasa Badlar más 2%; y en 2018 se volvió a realizar una renegociación, esta vez con una toma de crédito por $ 1.200 millones.

Allí se estableció que la tasa se regiría en pesos ajustados por UVA más un 5% y un nuevo período de gracia de 12 meses, que venció en noviembre del año pasado. No obstante, la tasa variable más la constante inflación de los últimos años provocó este aumento en pesos de la deuda, que hoy ronda los $ 11.000 millones.

En el Gobierno actual advierten que este número “confunde” y que más que un aumento de la deuda se trata de una “baja”, teniendo en cuenta que los $ 4.400 millones que se debían en 2015 correspondían a U$S 488 millones -con un dólar a $9 - y hoy esos $ 11.000 millones equivalen a U$S 159 millones -con un dólar a $ 69 -.