El juez federal Claudio Bonadio procesó hoy "con prisión preventiva" al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y a su ex mano derecha, Roberto Baratta, quien ya fue arrestado, por supuestas irregularidades en la compra de gas licuado.

Baratta, quien era subsecretario en la cartera que De Vido comandó por 12 años, fue detenido esta tarde en el barrio porteño de Belgrano, cuando, según fuentes de su entorno, "había ido a despedirse de los hijos para luego entregarse en Comodoro Py".

Agentes de la comisaría de la comuna 12 de la Policía de la Ciudad lo trasladaron en un vehículo policial, con chaleco antibalas, y lo llevaron al departamento de Delitos Complejos de la fuerza policial, en el barrio de Saavedra, donde permanecerá hasta mañana cuando se lo lleve a Comodoro Py, según informaron fuentes policiales.

Fuentes judiciales confirmaron que el magistrado reclamó además el desafuero de De Vido a la Cámara de Diputados, tal como había hecho el juez Luis Rodríguez en el marco de la causa por irregularidades en las obras de remodelación de la mina de Río Turbio (Santa Cruz), basado en que el ex funcionario es un diputado influyente y "podría entorpecer la investigación".

El martes que viene la Cámara de Diputados comenzará, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, a discutir el desafuero de De Vido, quien tiene mandato como diputado hasta el 2019, y el miércoles se debatirá en el recinto.

El juez emitió un fallo de 269 páginas en el que sostuvo que el ex ministro de Planificación Federal y el ex subsecretario de Coordinación del ministerio defraudaron a la administración pública y los embargó por 1.000 millones de pesos. 

La extinta cartera de Planificación Federal, creada por Néstor Kirchner en el 2003, coordinaba la política energética, las obras públicas, las telecomunicaciones, la minería, los puertos y la vivienda, y durante parte de la administración de la ex presidenta Cristina Kirchner también la actividad del transporte.

Roberto Baratta fue un alto funcionario del Ministerio de Planificación Federal y de extrema confianza del ex ministro Julio De Vido, y ocupó el cargo de subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación durante los 12 años que De Vido comandó la cartera.

El juez Bonadio ordenó la detención de Baratta por considerarlo uno de los armadores de una estructura para importar GNL sin licitaciones ni concursos de precios sobre el valor del producto.

Baratta, un ex taxista, llegó al ministerio tras forjar una amistad en el año 2000 con el entonces gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, y su ministro de Gobierno, Julio De Vido.

El magistrado dispuso además otros 23 procesamientos, sin prisión preventiva, para casos como el del ex secretario de Energía Daniel Cameron, el ex ministro Roberto Dromi, y los ex presidentes de la empresa estatal Enarsa Exequiel Espinosa y Walter Faygas.

El juez sostuvo que todos los imputados quedaron procesados por "haber participado en la maniobra defraudatoria llevada a cabo en el marco de la importación de gas natural licuado (GNL) realizada, durante los años 2008 a 2015" que le habría causado un perjuicio a las arcas del Estado de 6.995.926.798 de dolares. 

Bonadio sostuvo que la maniobra, de la cual también habrían participado directivos de YPF, implicó el pago de sobreprecios por la importación de GNL en casi 500 buques que arribaron a los puertos de Bahía Blanca (232 barcos) y de Escobar (265).

Para el juez, el delito quedó demostrado en un peritaje que realizó el ingeniero David Cohen "de cuyo resultado se advierte que el precio por el que se abonó el GNL durante el periodo en cuestión fue a valores superiores a los de mercado", según escribió en su fallo.

Hace dos semanas, durante su indagatoria, Baratta había cuestionado ese peritaje: ante el fiscal Carlos Stornelli sostuvo que estaba mal realizado porque, por ejemplo, tomaba "como precio de referencia el valor del gas del gasoducto", que no es igual al del GNL. 

La causa abierta en 2014 se originó luego de que Dromi dijera en una entrevista periodística haber sido asesor de De Vido en una compra de GNL a Rusia y cuestionara la operación, lo que dio origen a una denuncia penal.

La realizaron los entonces legisladores y ahora funcionarios Laura Alonso y Patricia Bullrich y el senador Federico Pinedo y la causa está caratulada "De Vido, Julio y otros, sobre asociación ilícita", bajo el número 104567/14.