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Es Graciela Pascual. Fue imputada como partícipe primaria de los abusos. Quedó detenida en Agua de las Avispas. Hay cinco personas más en la mira de la Justicia.
La mujer detenida era la representante legal del Próvolo. Foto Axel Lloret
La Justicia detuvo a la representante legal de Próvolo, Graciela Pascual, quien quedó detenida e imputada como partícipe primario de los abusos que denunciaron los exalumnos del Instituto.
La información fue confirmada a Unidiversidad por uno de los abogados querellantes, Juan Dantiacq, quien explicó que se allanaron dos viviendas, en una de las cuales encontraron a la mujer que quedó detenida.
Hasta el momento en que se inició la causa judicial por los abusos, Pascual era la representante legal del Instituto Próvolo ubicado en Luján de Cuyo.
Próvolo: los detenidos continuarán presos hasta el juicio oral
La Justicia rechazó el pedido de la defensa de los curas y los exadministrativos del instituto de Luján, por lo que los imputados seguirán cumpliendo la preventiva hasta que haya sentencia.
El fiscal que lleva adelante la investigación, Gustavo Stroppiana, pidió la detención y la imputación de Pascual, en base a los testimonios que brindaron los exalumnos en Cámara Gessel que aseguraron que sabía de los vejámenes, pero no hizo nada para protegerlos.
Stroppiana imputó a Pascual como partícipe primario en los abusos sexuales, es decir que si bien ella no cometió las vejaciones, las ocultó y con su conducto colaboró para que continuaran.
Luego de su detención, la mujer fue trasladad a la alcaidía de Agua de Las Avispas, ubicada en Cacheuta, el mismo lugar donde cumple prisión preventiva la religiosa japonesa Kosaka Kumiko, acusada de facilitar los abusos.
Cinco persona más en la mira
Además de Pascual, el fiscal tiene en la mira a cinco personas más que eran trabajadores del instituto, por entender que sabían de los abusos y con su silencio permitieron que continuaran.
El pedido de imputaciones contra los representantes del Instituto y algunos extrabajadores lo hicieron los abogados querellantes en la causa: Danticq, Sergio Salinas y Oscar Barrera. Su fundamento fue que la mayoría de los exalumnos que testificaron confirmaron que los directivos sabía lo que sucedía, que les pidieron ayuda y que en algunos casos hasta facilitaron asistencia médica para ellos, por lesiones que provocadas por los abusos.
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