La diversificación de la estructura productiva es, probablemente, el objetivo de política económica que mayor consenso ha logrado entre las dirigencias políticas y empresariales mendocinas desde principios del siglo XX. Inspiró, y continúa inspirando, programas de gobierno suscriptos a un abanico de orientaciones que van desde el liberalismo al intervencionismo económico. Asimismo, ha recibido la atención de organismos públicos y privados, centros científico-tecnológicos y universidades. Sin embargo, la vigencia de dicho objetivo revela la incapacidad del sistema político-institucional para implementar y controlar –más que para formular– políticas sectoriales de largo alcance capaces de modificar –o adecuar– las bases de la generación de riqueza provincial a los desafíos del cambiante e incierto entorno económico.

La maquinaria agroindustrial

Las plantaciones de vid y las bodegas modificaron el paisaje rural de Mendoza a fines del siglo XIX, en remplazo de las estancias, haciendas y chacras, y de sus alfalfares y potreros, que habían mostrado la continuidad de la agricultura (vinos, frutas, harinas) luego de la crisis de la independencia argentina y dado testimonio del desarrollo de la ganadería comercial (engorde de ganado proveniente de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires y con destino a Chile).

Aunque algunas voces se pronunciaron en contra, las dirigencias locales se aglutinaron decididamente para lograr un cambio estructural y aprovechar las condiciones favorables que ofrecían las economías nacional e internacional en las décadas 1870-1890.

La modernización y expansión de la producción de vinos de mesa con destino al mercado nacional, basadas en la incorporación de tecnología, se inscribió en el programa “civilizatorio” y de “progreso” impulsado por el Estado nacional. “Ferrocarriles fáciles y baratos” y “protección franca, valiente y constante de la industria nacional” –en palabras del presidente Julio A. Roca– fueron dos de los instrumentos clave que empujaron dicha transformación.

La agroindustria vitivinícola, con un tejido productivo y social heterogéneo, se convirtió rápidamente en la principal actividad económica y la mayor fuente de ingresos fiscales. En efecto, la uva fue el bien que mayor valor aportó a la producción agrícola y el vino a la industrial hasta la década de 1950. Por su parte, los impuestos al vino representaron más del 45 % de la rentas desde 1904, llegando incluso a superar el 60 % en la década de 1930.

Superficie cultivada en Mendoza, 1888 y 1908. Fuente: Archivo General de la Provincia de Mendoza.

Crisis y diversificación industrial

Las consecuencias negativas de las crisis vitivinícolas de principios de siglo XX –esto es, la que coincidió con la Primera Guerra Mundial (1914-1918) y, especialmente, la que estalló con la Gran Depresión (1929-1938)– instalaron en la agenda pública la discusión sobre los riesgos que implicaba la especialización vitivinícola –o “monocultivo”– para la economía y las finanzas provinciales.

Los gobiernos de orientación radical populista (1918-928) propusieron revitalizar la ganadería, y con ella el cultivo de la alfalfa, pero fueron las gestiones demócratas (1932-1938) las que intentaron instalar un nuevo paradigma basado en el intervencionismo estatal, fomentando el desarrollo de industrias ya existentes, como las de la fruta, y de otras nuevas, como la del petróleo. La fruticultura no logró un impacto cuantitativo significativo en la producción total, en tanto que la extracción y destilación de petróleo maduraron en los decenios siguientes.

Destilería de Godoy Cruz. Fuente: YPF en ruinasdigitales.com, citado por Diario Los Andes, “Economías y sociedades cuyanas”, Fascículo 4, 2018, p. 6.

El descubrimiento de nuevos yacimientos estimulado por una política nacional sustitutiva de insumos importados que buscaba reducir el déficit de la balanza comercial, y la crisis de la vitivinicultura tradicional favorecieron el desarrollo sectorial (el petróleo superó al vino en su contribución al valor total de la producción industrial por primera vez en 1960).

El problema de la sobreproducción de vino se agravó a partir de la cosecha 1967 –que llevó a profundizar el rol regulador de la empresa estatal Bodegas Giol– y del descenso sistemático del consumo per cápita iniciado en 1970, después de tocar el techo máximo de 90 litros. La caída de la participación de la vitivinicultura en el Producto Bruto Geográfico (PBG) del 32 % en 1979 al 8 % en 1980 marcó el comienzo de la profunda depresión vitivinícola que daría paso a un proceso de reconversión –aunque parcial– en el decenio siguiente, que involucraría a todas las etapas de la cadena del vino. Estas transformaciones complejizaron la estructura industrial.

La vigencia del patrón industrial tradicional

El binomio vitivinicultura-petróleo continúa ocupando un lugar central en las discusiones sobre las características deseables de la matriz productiva de Mendoza, sus posibilidades de impulsar un proceso de desarrollo sostenible –económico, social y ambiental– y el rol que debería adoptar la política económica, aun cuando las profundas transformaciones que sufrió la economía nacional a principios del siglo XXI contribuyeron a un mayor peso relativo del comercio y los servicios.

La composición del PBG y los ingresos fiscales muestran que ambas actividades continúan siendo relevantes, a pesar de su menor peso específico en el valor de la producción total, la recaudación de impuestos y la liquidación de regalías. En efecto, dinamizan el crecimiento económico no tanto por sus efectos directos sino por los indirectos.

Así, la vitivinicultura aporta valor agregado a la agricultura, la industria y otras actividades inducidas y derivadas, articula el tejido productivo y el empleo en zonas rurales, estimula el turismo y provee el principal producto de las ventas al exterior –el vino–. La industria petrolera, en cambio, si bien ha reducido significativamente sus niveles de producción (con la consecuente eliminación de las exportaciones), constituye un insumo estratégico y ha cobrado gran incidencia en el déficit de la balanza comercial, por lo cual se encuentran en marcha nuevos proyectos de inversión de envergadura, como Vaca Muerta.

La evolución de las exportaciones ilustra la magnitud de las variaciones: mientras que en 1995 el vino contribuía con el 8 % y el petróleo crudo y las naftas con el 32 % del valor total de las exportaciones mendocinas, en 2010, el primero alcanzó el 37 % y los segundos el 5 % (no se exportó petróleo en crudo), respectivamente.

La mejora en la competitividad vitivinícola da cuenta de los avances realizados en innovación tecnológica, profesionalización y aprendizaje organizacional –aunque solo alcance a un 20 % aproximadamente de la producción total de vinos–,  en tanto que la crisis energética ha puesto en evidencia la importancia de desarrollar fuentes convencionales y alternativas de energía.

Innovación y desarrollo sostenible

Las recomendaciones realizadas por los organismos internacionales para avanzar hacia el desarrollo sostenible se centran, más que en promover sectores específicos, en la implementación de políticas industriales y sectoriales basadas en la innovación tecnológica, y en el fortalecimiento institucional.

El informe de la CEPAL titulado “Las ineficiencias de la desigualdad” (mayo 2018) sostiene que ese tipo de desarrollo depende de la posibilidad de generar un cambio estructural progresivo, capaz de absorber progreso técnico, empleo de calidad y cuidado ambiental, y reducir la desigualdad social –nuevo objetivo del desarrollo–.

Para ello, las políticas relativas al sistema nacional de innovación son imprescindibles. Las industrias vitivinícola y petrolera -como cualquier otra actividad- se enfrentan a este desafío para responder mejor a la inestabilidad de los mercados financieros y al continuo avance tecnológico.

Las dirigencias actuales –a semejanza de las del siglo XIX– se enfrentan a la necesidad de encarar un proceso de “modernización” a partir de repensar las formas de articulación de la economía local, ya no con la economía nacional sino con la global, en base al concepto de innovación, que fue también la clave del desarrollo pasado.

Además de definir los sectores más dinámicos a estimular, deberán diseñar políticas sectoriales que estimulen la aplicación de innovaciones tecnológicas y de mecanismos de seguimiento, cuya efectividad dependerá de la eficacia de las instituciones. Este informe especial, cuya lectura recomendamos a partir de esa nota, invita a revisar antiguos y nuevos condicionantes económicos, políticos, sociales y culturales que obstaculizan el desarrollo sostenible de Mendoza. Los artículos que lo integran analizan algunos problemas relevantes del mercado de trabajo, las políticas de precios de las cadenas de comercialización y la captación de rentas de monopolio en el vino mediante indicaciones geográficas.