Once áreas del piedemonte mendocino tienen aptitud para el asentamiento humano, según un informe de la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial (Apot), aunque en el mismo documento los profesionales advirtieron sobre la necesidad de realizar obras para mitigar las múltiples amenazas naturales existentes, así como la de contar con un poder de policía real en la zona que evite la instalación de emprendimientos sin las condiciones adecuadas.

La titular de la Agencia, Sonia Romero, presentó las conclusiones preliminares del documento sobre Macrozonificación del Piedemonte en la última reunión del Consejo de Ordenamiento Territorial, cuyos miembros lo analizarán y elevarán sus conclusiones al Ejecutivo.

En el encuentro, la arquitecta subrayó que el avance urbano sobre el piedemonte constituye uno de los grandes problemas a resolver desde el punto de vista del ordenamiento territorial, por ser un área de fragilidad ambiental y de ocurrencia de diferentes eventos naturales que exponen a la población a diversos riesgos.

Algunos de los integrantes del consejo, un órgano consultivo cuyo funcionamiento está previsto en la ley de ordenamiento territorial, plantearon la necesidad de concluir la etapa de análisis y poner en marcha herramientas prácticas y efectivas para frenar el avance urbano descontrolado en el piedemonte.

El planteo de los consejeros, que representan a 65 instituciones, está relacionado con las escasas herramientas prácticas para ordenar el territorio. Aunque la ley de ordenamiento se aprobó en 1999 y se siguieron algunos de los pasos previstos en la norma, como la puesta en marcha de la Agencia y el Consejo de Ordenamiento, el proceso quedó estancado en la Legislatura, donde está frenado el Plan de Ordenamiento Provincial, paso previo para que las comunas tomen medidas efectivas.

En este sentido, el subsecretario de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance, dijo que analizará restringir la aprobación de nuevos proyectos en las comunas hasta que se apruebe el plan y se efectivicen medidas concretas.

Foto: delchallao.blogspot

La urbanización del piedemonte

Durante más de un año, los profesionales de la Agencia trabajaron en un documento sobre la macrozonificación del piedemonte, para lo cual se basaron en diagnósticos preexistentes sobre aspectos físicos, biológicos, sociales, económicos, políticos e institucionales.

El objeto de análisis fue el piedemonte, ubicado al este de la precordillera y que abarca el sector oeste de Capital, parte de Las Heras, de Godoy Cruz y de Luján de Cuyo. Señalaron que el sector se caracterizó históricamente por tener asentamientos humanos dispersos y una economía basada en la ganadería extensiva, una situación que cambió con el avance urbano descontrolado.

Los especialistas realizaron una macrozonificación e identificaron siete grandes áreas: de actividad extractiva, protegidas, asentamientos humanos existentes, aptitud para el asentamiento humano, con limitantes para el asentamiento humano y dos de amortiguación.

Los profesionales determinaron además once zonas con aptitud para asentamiento humano, en función de distintos criterios como que tengan pendientes menores a 15 por ciento, protección aluvional, accesibilidad y acceso a los servicios. Aunque advirtieron sobre la necesidad de profundizar los estudios de factibilidad en cada una para determinar potencialidades y restricciones.

Luego analizaron los impactos que produjeron sobre el territorio el avance urbano. Explicaron que el crecimiento urbanístico y el de espacios utilizados para la eliminación de residuos sólidos y efluentes domiciliarios avanzan en el piedemonte sin una regulación eficaz, lo que genera fragmentación, segmentación social, degradación ambiental y alteración del ecosistema.

Uno de los puntos que se destacó en el informe es que el avance urbano no sólo se cristaliza en emprendimientos privados, sino también en los públicos, ya que existen en la zona barrios del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). En este sentido, se aseguró que en ambos casos, la errónea localización de los mismos genera costos excesivos en obras de defensa aluvional, prestación de servicios e infraestructuras, entre otros gastos.

También describieron la afectación a las cuencas existentes por la presión urbana. Consignaron que las mismas reciben fuertes precipitaciones que en muchos casos la infraestructura hidráulica no alcanza a contener, lo que provoca inundaciones. Y que afectan la biodiversidad y ponen en riesgo la vida de los pobladores.

Una de las propuestas en este sentido, fue no sólo continuar con las obras previstas por la Dirección Provincial de Hidráulica para mitigar los efectos de las lluvias torrenciales, sino también mejorar y recuperar la cobertura vegetal de especies autóctonas, que contribuirán al escurrimiento de las aguas pluviales. También pidieron concientizar a la población asentada en el área y la aplicación de tasas a las superficies impermeabilizadas.

El trabajo incluyó un análisis de los servicios existentes en la zona. Determinó que el principal problema es la escasez de agua y que la población se abastece con agua extraída de pozos, la  compran o se las proveen las comunas a través de camiones hidrantes. En cuanto a la cobertura del servicio de gas y cloacas se observó una limitada área de prestación y respecto de la electricidad que existe una cobertura total, aunque con conexiones precarias o clandestinas.

Otro de los tópicos que analizaron en el trabajo son las amenazas naturales sobre el piedemonte, que son necesaria tener en cuenta para aprobar o no un emprendimiento. Estas son las sísmicas, ya que existen fallas geológicas activas; las aluvionales, con grandes pendientes en el terreno, lluvias estivales abundantes y concentradas y un acelerado proceso de erosión, además de la escasez de servicios. 

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Legislación específica

Otra sugerencia de los profesionales fue definir una legislación específica del piedemonte en cuanto a los usos del suelo, conjuntos inmobiliarios, urbanizaciones, códigos urbanos, como así también la confección de un manual de drenaje de ámbito municipal.

El análisis de la legislación vigente y su aplicación efectiva fue una de los puntos clave del trabajo. Una de las conclusiones del mismo fue que la ocupación de la zona se produjo fuera del marco legal vigente y que el sistema administrativo-legal falla en su accionar, que es lento y burocrático, frente a la necesidad habitaciones de la población y a la celeridad de los negocios privados.

Frente a estas fallas legales y administrativas, los integrantes de la Agencia consideraron prioritario incluir en los presupuestos anuales partidas que permitan realizar las inspecciones para controlar el cumplimiento de las normas existentes.

En el escrito se subrayó la necesidad de crear normas específicas en el uso de agua, electricidad, creación de caminos, preservación de la naturaleza, prevención de riesgos, que permitan adecuar no sólo los procedimientos comunes en las distintas reparticiones públicas, sino también conciliar intereses, respetando la función y la problemática de cada organismo.