Gobierno abierto y transparencia son los términos de moda hoy en la boca de los funcionarios públicos. Allí donde haya un micrófono para amplificar buenas intenciones ejecutivas o legislativas (y hasta judiciales), allí aparecen estas mágicas palabras que los políticos escupen porque saben que al oído suenan muy bien. ¿Quién va a discutir que un gobierno debe ser transparente y abrir su información, y todo lo que hace, a la ciudadanía?

Ahora, del dicho al hecho, de las declaraciones transparentes a la transparencia, hay un largo trecho que todavía en la Argentina –y en Mendoza– no hemos terminado de recorrer. Hay pasos dados en el último tiempo que nos han acercado a la meta (la Ley Nacional de Acceso a la Información aprobada hace pocos días en el Congreso o los portales de datos abiertos implementados por algunas provincias y municipios), pero la ventana que se pretende abrir a la información aún tiene sus vidrios opacos: es poco lo que se ve a través de ellos.

El principal obstáculo es que todavía un ciudadano común no puede pedir información en una oficina pública cualquiera sin manifestar un “interés legítimo”, es decir que debe tener una justificación para conocer esa información. Como si el simple hecho de ser un ciudadano que quiere saber qué hace el Estado no bastara.

Esto es lo que viene a romper la nueva Ley de Acceso a la Información Pública, que todos los poderes e instituciones del Estado nacional (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ministerio Público Fiscal y Banco Central, entre otros) están obligados a cumplir.

Mientras tanto, en el país y en Mendoza los gobiernos empiezan a abrir información a cuentagotas y a medias, porque en muy pocos casos se han publicado en internet datos realmente “abiertos”. Para que lo sean, la información se debe poder descargar y ser reutilizable. Es decir, el ciudadano debería usarla a su gusto a través de formatos editables en hojas de cálculo (CSV, XLS) y no en PDF o JPG, que dificultan copiar la información para aplicarla en –por ejemplo– análisis estadísticos o aplicaciones de noticias.

El mejor ejemplo de esto son las declaraciones juradas de los jueces provinciales que acaba de publicar en su sitio web el Poder Judicial de Mendoza. Además de que carecen de mucha información (precisiones sobre ingresos y bienes patrimoniales), lo único que se “abrió” a la ciudadanía es la DD. JJ. original de cada magistrado escaneada. No hay CSV ni un link para descargar: nada se puede hacer con esa información más que leerla de “puño y letra” del involucrado.

Algo similar ocurre con las DD. JJ. que la Fiscalía de Estado ha publicado en su sitio web. En este caso, la información patrimonial de cada funcionario provincial es más detallada (porque así están obligados a hacerlo según el decreto 1789 de 2015), aunque el resultado para el ciudadano a la hora de usar esos datos es el mismo: no hay link de descarga ni aparecen en un formato editable. Y hasta la Legislatura cae en esta “redada”: la buena voluntad de publicar los viáticos que recibe cada diputado y senador provincial sucumbe en la misma trampa: los datos están atrapados en un PDF.

Hay varios ejemplos de que la información de los organismos públicos puede estar disponible en internet a un clic. Recientemente, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza implementó un portal de datos abiertos (el primero de su tipo en la provincia) donde ya hay publicados siete datasets con información municipal, listos para descargar en CSV y otros formatos. Ninguno de ellos tiene información “sensible”, aunque es de esperar que pronto la comuna empiece a subir también este tipo de información.

Otro ejemplo es el portal de datos abiertos del Gobierno Nacional, que hoy incluye –entre otras cosas– las DD. JJ. de funcionarios de los años 2014 y 2015, mientras se está a la espera de las de 2016, es decir, la de los que integran la actual administración de Mauricio Macri.

Está claro que la falta de transparencia que muestran hasta ahora los distintos poderes en Mendoza es salvable y que la cuenta regresiva para ello ya empezó. Porque llegó la hora de que el ciudadano conozca qué se hace con sus impuestos, cuánto cobran sus representantes y hasta a quién llaman por el teléfono que le pagamos todos. Y eso, con información abierta y a un clic de distancia, sin la burocracia del papel en plena era digital.