El 70 % de las causas penales que se tramitan en la Provincia está sobre las espaldas de 87 defensores públicos, quienes asisten a los ciudadanos que no tienen dinero para pagarle a un abogado particular. Es en esa defensoría pública donde el gobernador Alfredo Cornejo impulsará la próxima reforma en materia judicial, ya que, a través de un proyecto de ley, buscará que se equiparen los recursos para la investigación de un delito y la defensa de los imputados, y que ambas acciones dejen de depender de una misma persona: el procurador general de la Suprema Corte.

Antes de asumir, el mandatario anunció que impulsaría cambios en el sistema judicial y lo fue haciendo realidad. Los legisladores aprobaron proyectos del Ejecutivo para modificar artículos del Código Procesal Penal (CPP) que permitieron la regulación de la prisión preventiva y otorgar más atribuciones a los ayudantes fiscales. Ahora impulsará otra iniciativa para imprimir modificaciones en el Ministerio Público Fiscal. Una de ellas será equiparar las etapas de la investigación y la defensa y que ya no dependan de la misma cabeza, que hasta ahora es el procurador.

Cuando explicó esta iniciativa –que aún el Ejecutivo no envió a la Legislatura–, el gobernador dijo: “Hay muchos que están adentro, y no deberían estarlo, porque no tienen una buena defensa oficial”. Días antes de esas declaraciones, Unidiversidad publicó el caso de Walter Villca, un hombre que juró ser acusado de un delito que no cometió y por el que permaneció unos días detenido. Y criticó la labor del defensor oficial que lo asistió, ya que le recomendó que se declarara culpable.

Otra de las razones que dio el Gobernador fue que la modificación permitiría alejarse del sistema inquisitivo y acercarse más al acusatorio. En el primer caso, el juez reúne los roles de juzgar e investigar, con los inconvenientes que eso implica, sobre todo para la imparcialidad. En el segundo, se distinguen y dividen los roles de quien juzga, quien investiga –el fiscal– y el defensor. Hoy el sistema acusatorio sólo rige en el Gran Mendoza y el Valle de Uco, donde está en vigencia el nuevo CPP, mientras que en el resto de la Provincia continúa el sistema inquisitivo, ya que es el magistrado el que lidera la investigación.

En cuanto a los defensores oficiales, el proyecto del Ejecutivo tiene dos objetivos claros: que exista equilibrio entre los recursos que tienen los investigadores y los defensores oficiales, ya que hoy todos los esfuerzos están puestos en la primera etapa, y que sean dos instancias independientes una de otra y con controles diferentes, es decir que no dependan del procurador.
 

Gimnastas del Derecho

En los pasillos de tribunales, en los despachos de los jueces e incluso entre las organizaciones que nuclean a los abogados y magistrados, los defensores públicos están muy bien considerados. Pero desde esos mismos lugares aseguran que, pese a su excelente calidad profesional, es imposible que realicen un trabajo igual de excelente, debido a la gran cantidad de causas que cada uno maneja y los escasos recursos con que cuentan.

Mirtha Emilia Olivera fue defensora pública durante 29 años y desde hace cuatro es la coordinadora general de la Defensa Pública y Pupilar, que depende del Procurador de la Corte. Dijo que los magistrados catalogan el trabajo de sus subordinados como excelente, aunque reconoció que están muy sobrecargados de trabajo, ya que tienen en sus manos el 70 % de todas las causas penales que se tramitan en la Provincia. Es decir que siete de cada diez acusados de cometer un delito en el fuero penal tiene un defensor oficial.

Olivera comentó que, justamente por esa gran cantidad de causas que manejan, los defensores oficiales tienen una gimnasia y un entrenamiento en el ejercicio de la profesión que muy pocos letrados tienen. Y aportó un dato extra: participan en todas las instancias de la defensa, incluso presentan recursos ante instancias superiores y pueden llegar hasta la Corte nacional.

Uno de los ambientes judiciales donde concurren los ciudadanos. Foto: Axel Lloret.

Una estructura pequeña 

Los defensores oficiales son magistrados, es decir que pasan por el filtro del Consejo de la Magistratura y pueden ser sometidos a un jury de enjuiciamiento. Los únicos que no tienen este rango son los codefensores, que ingresan luego de pasar un examen que les toma la coordinación del área.

Mendoza cuenta con 87 defensores públicos: 24 especializados en el fuero Penal, cinco en el fuero Penal de Menores, nueve en el Civil, además de 29 codefensoras de Menores y 20 asesoras de Menores. Todos tienen turnos quincenales, como el caso de las fiscalías. A esta estructura se suman dos defensorías con competencia penal, una en Boulogne Sur Mer y otra en Almafuerte, que controlan todo el proceso desde que la condena queda firme hasta que el detenido sale en libertad.

La estructura de una defensoría pública es pequeña: el defensor, el codefensor, un secretario y un auxiliar. Donde rige el nuevo Código el sistema está dividido entre abogados especializados en el fuero penal y civil, mientras en las circunscripciones donde rige el viejo código existen defensorías de competencias múltiples, lo que complica la labor.

Olivera detalló el trabajo de un defensor oficial. Dijo que, por ley, siempre que un imputado no haya nombrado un abogado privado, se le asigna uno oficial, que debe brindarle una defensa eficaz.

Frente a la gran cantidad de causas que manejan, la magistrada explicó que siempre se privilegia a las personas que están detenidas. En estos casos, por ley, el abogado debe tener un contacto mensual con el interno, informarle sobre el estado de la causa, controlar las condiciones de detención, la legalidad del proceso, saber si tiene alguna necesidad especial relacionada con su salud, asistir a las audiencias y al juicio. Terminada esta etapa, puede realizar recursos extraordinarios, incluso hasta la Corte nacional.

Olivera comentó que el sistema se sobrecargó mucho en el fuero Penal, especialmente con los juicios de flagrancia, y en Familia, con el nuevo Código Civil. Explicó que las defensoras de Menores están sobrepasadas, ya que asisten y controlan tanto a los chicos y adolescentes que cometieron algún delito como a los pequeños cuyos derechos fueron vulnerados, los que quedan en medio de un conflicto familiar y los que son separados de su núcleo íntimo para protegerlos.

Si alguien no puede pagar un abogado en materia Civil, se pide un turno telefónico gratuito y lo atienden en la defensoría en turno. En las causas penales, todos los que no presentan un letrado privado reciben la asistencia de uno oficial.
 

La autonomía como objetivo

La coordinadora opinó respecto del proyecto del Ejecutivo. Consideró importante que los defensores oficiales tengan autonomía funcional y presupuestaria y que se busque equilibrar los recursos para investigar y para defender.

Para Olivera, el problema central es presupuestario. Comentó, a modo de ejemplo, que frente a un informe del que dudan, los defensores públicos no tienen peritos de parte, como sí los tiene un privado. Ahora recurren a la buena voluntad de universidades, hospitales y centros de investigación, que siempre los asisten.

En lo que no coincidió Olivera fue en los dichos del Gobernador respecto de que algunas personas que están detenidas no lo estarían si hubieran tenido un buen defensor oficial. En este sentido, la magistrada defendió la labor de los abogados a su cargo y dijo que no sólo llevan adelante la defensa, sino que presentan recursos como Habeas corpus para mejorar la situación de los internos y hasta plantean los recursos ante instancias superiores. Olivera comentó que incluso muchas personas que inician su defensa con un privado, a mitad de camino solicitan una defensa oficial, sobre todo por un factor económico.

La magistrada consideró que, pese a todas las dificultades, la defensoría oficial tiene poca movilidad ya que los letrados tienen mucha antigüedad. Dijo que el trabajo es fascinante porque abarca todas las instancias del proceso.
 

Tecnología para facilitar el trabajo

En los últimos años, la Procuración compró y puso en marcha un sistema de videoconferencias, que facilita el trabajo de los abogados oficiales y evita el traslado de unos 260 internos por mes, con un costo aproximado de 30 mil pesos.

Las dos cabinas, ubicadas en el séptimo piso del Poder Judicial, están a cargo de la procuradora María Luján Tovares. Ella es la que organiza el contacto entre los abogados y los internos de Boulogne Sur Mer y Almafuerte.

Una empleada judicial en la defensoría pública. Foto: Axel Lloret

El sistema funciona a través de fibra óptica, no se graba, no se filma y está encriptado para dar seguridad al interno. Además, la imagen permite que el abogado observe, por ejemplo, si el detenido tiene algún golpe o lesión.

Tovares también certifica decisiones que toma el interno luego del encuentro con el abogado. Por ejemplo, que acceda a un juicio abreviado.

La Procuradora explicó que el sistema facilita mucho la labor de los abogados oficiales, que tienen una gran sobrecarga de trabajo.
 

A favor de la iniciativa

Ramiro Villalba, integrante de la Comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogados de Mendoza, aseguró que la entidad está de acuerdo con la necesidad de dividir las tareas del investigador y el defensor, ya que aseguró que existen intereses en conflicto. Además, explicó que el mayor vicio del sistema actual es que todas las energías y los recursos se vuelcan en la investigación y en la acusación, dejando a la defensa con pocas armas.

Villalba calificó a los defensores oficiales como muy buenos profesionales pero aseguró que la defensa pública es paupérrima por la gran cantidad de expedientes que manejan y la falta de recursos que tienen.

El abogado planteó que en muchos casos es un codefensor el que asiste a un ciudadano, cuando no tiene la misma preparación ni es magistrado como el defensor (es decir que no pasó por el Consejo de la Magistratura), además de no percibir el mismo sueldo. Ante la pregunta de si la defensa oficial es mala, Villalba contestó con claridad. “Sí, porque por más buena voluntad que tengan e idóneos que sean, no tienen cómo llevar con eficacia la cantidad de expedientes, pero técnicamente son brillantes”, fueron sus palabras.