El gobernador Alfredo Cornejo dejó para el final la frutilla del postre. Después de detallar los puntos centrales de lo que llamó “la revolución de lo sencillo”, dedicó los últimos minutos de su alocución ante la Asamblea Legislativa para dar su único anuncio: adelantó que presentará un proyecto de ley que obliga a los presos a trabajar. “Quiero terminar con las cárceles de máxima ociosidad”, fueron sus palabras.

Cornejo comenzó a tiempo el discurso que dio inicio al período de sesiones ordinarias en la Legislatura. Su alocución fue corta, de 50 minutos, y sólo al final se metió con el tema que lo desvela: la inseguridad. Enumeró las modificaciones de leyes y de procedimiento que consiguió en el año que lleva de gestión y aseguró que están dando buenos resultados, pero dijo que es hora de  atacar otras aristas del problema. En ese momento anunció el envió del proyecto que prevé modificar la Ley 8465 de ejecución de la pena, cuyo texto considerará al trabajo como una obligación y no como un derecho de los internos y, sobre todo, como el aspecto central para que obtengan beneficios.

Cornejo fue con todo contra el garantismo, esa corriente de pensamiento jurídico que parte del reconocimiento de los derechos fundamentales del interno. Dijo que esas ideas pusieron los derechos de las victimarios por sobre los de las víctimas, que otorgaron muchas ventajas a los internos y que convirtieron al trabajo de los presos en una opción y no en una obligación.

El mandatario señaló al ocio de los internos como el mayor incentivo para la reincidencia y argumentó que es necesario que los centros de detención se conviertan lo antes posible en lugares para el trabajo y la capacitación. De lo contrario –dijo–, quienes cometieron un delito no podrán reinsertarse en la sociedad.

Cornejo no dio detalles de la iniciativa, aunque sí dejó en claro que delimitará las competencias de los jueces de ejecución penal. Estos jueces vigilan el proceso de cumplimiento de la sentencia y se ocupan de que se respeten los derechos de los internos e internas, además de que se monitoreen los beneficios a los que acceden, como, por ejemplo, las salidas transitorias.

El mandatario puso el foco sobre las víctimas. Adelantó que por primera vez serán incorporadas al proceso de control del cumplimiento de la pena, que conocerán de antemano cualquier revocatoria de la condena o cambio en ella. Subrayó que su intención es que ninguna víctima o sus familiares sean sorprendidos por decisiones que nunca les fueron comunicadas.

Las explicaciones de Venier

El ministro de Seguridad, Gianni Venier, fue el encargado de explicar los alcances del proyecto que ingresará el martes 2 de mayo a la Legislatura.

Opinó que el ocio de los presos sólo provoca que vuelvan a delinquir y que aumente la violencia puertas adentro de los penales. Reveló que, desde el momento en que son condenados hasta la mitad de la pena, los internos no realizan ninguna actividad, una situación que consideró un privilegio  respecto del resto de los ciudadanos. 

Venier comentó que la propuesta prevé la obligatoriedad de trabajo para todos los condenados, mientras que para los procesados (es decir, aquellos que aún no tienen sentencia) será una opción. Sin embargo, dijo que el trabajo será uno de los aspectos centrales que se tomarán en cuenta a la hora de brindar beneficios a los internos, como las salidas transitorias, por ejemplo.

De acuerdo a los datos aportados por el funcionario, en las cárceles mendocinas hay 4800 internos, de los cuales unos 3000 está condenados y el resto, procesado. Es decir que los primeros tendrían la obligación de trabajar, mientras para los segundos sería una opción.

Venier no dio detalles sobre la implementación práctica de la iniciativa. Dijo que participarán empresas privadas y todos los organismos del Estado, ya que los internos se dedicarán, por ejemplo, a construir o arreglar mobiliario y edificios públicos, al tiempo que dejó en claro que su primera tarea será mantener el orden y la limpieza del lugar donde viven y el cuidado de las instalaciones.

El ministro explicó que los internos cobrarán por su labor, aunque la iniciativa prevé que una parte de esos ingresos solvente sus gastos de manutención y otra vaya a su familia, porque comentó que muchas veces el núcleo familiar queda desamparado durante el período de cumplimiento de la pena.

Venier destacó el papel relevante que tendrán las víctimas y las asociaciones que las representan en este cambio. Dijo que participarán de una audiencia pública en la que darán su opinión sobre las decisiones que se tomen y que el juez tendrá la obligación de escucharla, por ejemplo, antes de aprobar un régimen de salidas transitorias.

El funcionario reconoció que la iniciativa va a contramano de leyes nacionales, pero recordó que las normas relacionadas con la ejecución de la pena son una prerrogativa de las provincias, al tiempo que recalcó que la iniciativa va en consonancia con lo establecido por el artículo 23 de la Constitución, que determina que las cárceles deben ser lugares de trabajo y de moralización.

“Usted es víctima y le paga todo al preso: el abogado, el servicio de salud, las comidas. Entonces los presos deben tener los mismos derechos y obligaciones que el ciudadano. Ahora, el preso que no quiera trabajar no va a tener los beneficios del sistema”, fueron las palabras del ministro de Seguridad.