Este jueves, el gobernador Alfredo Cornejo decretó la emergencia ambiental en la zona del Piedemonte del área metropolitana de Mendoza y, de esta forma, suspendió todo pedido de autorización para construir en esa zona durante un año. La medida tiene como base un estudio realizado por el Instituto Nacional del Agua (INA), que detalla que hay lugares en varios departamentos que son riesgosos para habitar.

En concreto, esto implica que ya no se otorgarán permisos para construir al pie de la montaña ni para hacer barrios privados, ya que además de tapar la capacidad de absorción de una zona aluvional, con los peligros que eso implica para el hombre, afectan a la flora y fauna. Pero eso no es todo. La decisión alcanza a aquellos emprendimientos que ya están en marcha, que son alrededor de cinco.

La normativa tiene un plazo de un año a partir de la publicación en el Boletín Oficial, aunque no se descarta que se extienda por más tiempo. El secretario de Ambiente Humberto Mingorance informó que notificarán a los municipios, las empresas de servicios (Edemsa, Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz, Aysam) y los entes reguladores (EPRE y EPAS) para que se plieguen a la decisión del Gobernador.

Esta decisión es clave especialmente para las cuatro comunas que tienen injerencia sobre el Piedemonte (Las Heras, Capital, Godoy Cruz y Luján de Cuyo) para hacer sus planes de ordenamiento territorial que estarán listos a mediados de 2019.

Durante una conferencia de prensa dada este viernes, Mingorance señaló que donde hay más emprendimientos son "en las zonas de El Challao y aquella que la gente identifica como la que está enfrente de los boliches de Chacras".

El objetivo, como lo definió el funcionario, es "preservar ambientalmente el Piedemonte. Hay que recordar que no tan solo ahí existe un ecosistema natural, sino que también es una de las principales recargas de acuíferos, de donde muchos mendocinos tomamos agua". 

"En seis meses va a estar definidio qué se puede desarrollar y cómo, qué se va auditar y qué no, en qué terrenos se va a poder construir y en qué condiciones, y cómo hay que preservar el entorno", concluyó Mingorance.

Es que la zona fue investigada por un equipo de profesionales del INA, que elaboró un informe de riesgos aluvionales en un área de 1 300 kilómetros cuadrados, desde la subida a Villavicencio hasta la zona Agrelo, en la margen derecha del río Mendoza.

El estudio analizó los diversos sectores que conforman el Piedemonte y evaluó los peligros a nivel aluvional e hídrico. Se hizo con el propósito de poder actuar para mitigar estos riesgos y elaborar mapas que aporten claridad respecto de la identificación de zonas críticas para vivir.

En este sentido, fue muy importante el aporte de las cuatro comunas que tienen parte del Piedemonte en sus territorios. Por eso es que las conclusiones del estudio en general fueron determinantes para la inédita decisión del Ejecutivo provincial de ponerle un freno a las obras en varios sectores por 12 meses.

La bronca de los empresarios 

El titular de la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios,  Eduardo Martín, fue crítico con la decisión en diálogo con Radio Mitre: “La verdad que estamos bastante sorprendidos por la decisión del Gobernador. La primera reacción, conociendo el decreto que se ha publicado, fue la sorpresa de que el gobierno haya tomado ésta decisión de manera unilateral, sin ningún tipo de consulta a la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios ni a los referentes del sector”.

“El problema del decreto es que busca arreglar un problema que data desde hace más de 30 años y pagan justos por pecadores”, siguió Martín, quien remarcó que hay proyectos en marcha que cumplen con las normas y que se verán afectados por la resolución. “Seguramente habrá planteos por vía judicial”, manifestó el dirigente.