En Mendoza hay 238 asentamientos populares distribuidos en los 18 departamentos cuyos habitantes ocuparon esos espacios ante la falta de una vivienda propia. Sin embargo, esos terrenos en su mayoría no fueron escriturados y los llamados “ocupas” quedaron sin respuesta estatal durante años. En este contexto, el miércoles 10 el Senado aprobó la ley que regula el dominio de terrenos en más de 4000 villas y asentamientos del país, aunque en la provincia todavía no tienen precisiones de cómo será su implementación.

El texto aprobado por la Cámara Alta por 60 votos a favor tiene tres puntos concretos: somete al Estado a que se avance en la expropiación de terrenos, limita los desalojos por un periodo de cuatro años y permite que las cooperativas barriales puedan acceder a los servicios de agua, luz, cloacas y urbanización, puesto que el 25 % de las obras de urbanización deben ser adjudicadas a cooperativas de trabajo.

Mendoza es la quinta provincia con mayor cantidad de villas, luego de Buenos Aires, Santa Fe, Chaco y Misiones. Renzo Maturano, dirigente de la Corriente de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), aseguró a Unidiversidad que el proyecto es histórico: por primera vez en muchos años, una iniciativa contempla a sectores urbanomarginales excluidos. "Es una forma de darle solución a una pésima política estatal que se extendió durante muchos gobiernos por la que personas de las zonas rurales construyeron extensas periferias y nadie las ayudaba”, señaló. 

Sin embargo, Maturano explicó que en el contexto de recesión en el que se encuentra el país, será difícil llevar a la práctica la ley. “En un panorama adverso, la presión de las organizaciones sociales será clave para la implementación de la ley”, explicó el dirigente, al tiempo que apuntó a la Secretaría de Desarrollo Social y, en concreto, al secretario Alejandro Verón. “Verón no pudo abarcar los requerimientos de las organizaciones sociales”, apuntó.

Unidiversidad intentó comunicarse con Verón, pero este no contestó el teléfono. Su equipo de prensa, en tanto, afirmó que la provincia no tiene relación, puesto que se trata de un proyecto que involucra a la Nación con los municipios.

Qué dicen los municipios

De acuerdo al relevamiento del Ministerio de Modernización, la mayor cantidad de barrios populares se encuentran en Las Heras (31), Luján (33) y Guaymallén (30). Cuando se consulta a los municipios sobre la cantidad de asentamientos, todos tienden a dar números menores. El punto principal es que no coinciden en los criterios para determinar por qué un lugar es un asentamiento o no. Al respecto, el titular de la Dirección de Vivienda de Las Heras, Gustavo Aleva, aseguró que hay 28 barrios populares en los que viven 16 mil personas.

En este sentido, señaló que el municipio contribuyó con el relevamiento físico y social, pero que, al tratarse de un presupuesto nacional, la comuna no tendrá libertad de acción. “La solución será integral, pero no será rápida”, comentó el funcionario, al tiempo que señaló que si se quiere resolver el problema de fondo, la inversión será superior a 4000 millones de pesos.

Un detalle es que la comuna que realizó el relevamiento implementó la cédula de congelamiento para que la población de esos lugares no crezca. Lo mismo hizo Guaymallén.

Al respecto, la directora de desarrollo Social, Silvia Donati, agregó que en los asentamientos donde hubo intervención, se trabajó para identificar los límites de las propiedades y establecer los márgenes de la urbanización. Luego de los estudios, la funcionaria explicó que se tendrá que reubicar a 80 familias. Sin embargo, aclaró, si no hay recursos financieros, es poco lo que podrán realizar los municipios. “Tenemos que esperar, todavía es muy reciente. Habrá que esperar la reglamentación”, dejó caer.