El resultado electoral de octubre se impone para el Gobierno como una instancia decisiva para el futuro de su apuesta por avanzar en profundos cambios en la legislación que regula el mercado de trabajo en la Argentina. La ambiciosa reforma laboral que acaba de sancionar la gestión de Michel Temer, en Brasil, ofrece un envión contundente para los planes con los que Mauricio Macri pretende encarar el segundo tramo de su mandato, pero en la Casa Rosada advierten que más decisiva aún para sus objetivos será la relegitimación de su gestión en las urnas.

Un triunfo contundente de la oferta electoral oficialista otorgará al Ejecutivo un margen de acción amplio para acelerar los cambios que pretende en materia laboral y reducirá las chances de los sectores opositores y del sindicalismo para bloquear esas modificaciones.

Una victoria acotada o una derrota de Cambiemos en las urnas, en cambio, ofrecerá a la oposición un oxígeno clave para contrarrestar la embestida pro-reforma y reducir los cambios a simples retoques de maquillaje.

En el mientras tanto que resta para los comicios, el Gobierno comenzó a preparar desde el discurso el terreno para su ofensiva reformista. La denuncia presidencial contra la mafia de los juicios laborales, la multiplicación de intervenciones a los sindicatos, la retórica en pos de modernizar los convenios colectivos en nombre de una mayor competitividad y productividad, y el embate directo contra las protestas callejeras de organizaciones sociales o conflictos laborales, como el desalojo de la planta de Pepsico, se inscriben en esa línea.

"Estos vienen en serio contra nosotros y contra los convenios colectivos", abren el paraguas dentro de la propia CGT, donde admiten sin reserva que solo con la derrota oficialista en octubre podrán dar la pelea en defensa de sus intereses.

En concreto, el Gobierno solo ofreció hasta ahora señales acotadas de sus objetivos reformistas en el terreno laboral. Ellos apuntan, según el borrador que circula en los despachos del Ministerio de Trabajo, que conduce Jorge Triaca, a la necesidad de avanzar con un amplio blanqueo laboral (todavía se debate, incluso en consulta con la conducción cegetista, sobre la conveniencia de que sea a costo cero para los empleadores o mediante un esquema de moratoria en el pago de deudas previsionales).

Además, proyecta disponer un recorte de las cargas sociales sobre los salarios mínimos de diferentes actividades para alentar la contratación de nuevos trabajadores, implementar nuevos programas de pasantías laborales y de capacitación y, quizás el aspecto más ambicioso, acelerar el proceso de reformulación de los convenios colectivos de actividad en línea con el modelo de cambios acordado con los gremios petroleros para el desarrollo de Vaca Muerta.

Sin embargo, a la luz de la profundidad del antecedente reformista brasileño, algunos funcionarios cercanos al Presidente, con la adhesión entusiasta de importantes actores empresarios, advierten sobre la apertura de un contexto proclive a apuntalar cambios más de fondo sobre la legislación argentina. Bajo el argumento de la necesidad de readecuar el mundo del trabajo para generar empleo, la polémica ley votada el miércoles por el Senado de Brasil supone un verdadero cambio de paradigma en las relaciones laborales del vecino país.

A la par que incrementa la libertad contractual, priorizando los acuerdos individuales o por empresa sobre los convenios colectivos de actividad, reduce significativamente el poder de acción de los sindicatos, flexibiliza las condiciones de contratación y desvinculación de trabajadores, y amplía las posibilidades de tercerización laboral.

En la visión de los principales sectores empresarios argentinos, el ejemplo brasileño ofrece una prueba contundente sobre la urgencia por flexibilizar la rigidez de la normativa laboral local, apuntando sobre dos ejes clave: la reformulación de las formas de contratación y la adecuación de los convenios colectivos. Desde la vereda de enfrente, los sindicatos ya plantan bandera contra una eventual reforma y llaman a la resistencia en la calle y en las urnas. "No actuar a tiempo sería suicida", arguyen.

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