"Nunca imaginé estar en un banquillo acusada de homicidio. Y si me preguntan, lo volvería a hacer", dijo, contundente, Cecilia Ousset, la médica tucumana imputada por homicidio agravado tras practicar una interrupción legal del embarazo (ILE) a una niña de 11 años que había sido violada por la pareja de su abuela.

Este jueves, durante el 2.º Congreso Mundial "Infancia sin Violencia", la doctora brindó una conferencia llamada "Niñas madres". Allí argumentó que, según la Convención Internacional de los Derechos Humanos, "el embarazo infantil forzado es tortura".

Ousset es ginecóloga, vive en San Miguel de Tucumán y escribió en 2018 una carta pública a favor de la despenalización del aborto. 
En el panel la acompañaron Nelly Minyersky, presidenta del Parlamento de las Mujeres en la Legislatura porteña, y Celeste Mac Dougall, docente especializada en Educación Sexual Integral (ESI).

Si bien Ousset trabajadesde  hace varios años como ginecóloga en el sistema privado de salud tucumano, su nombre llegó a los medios nacionales en junio de 2018, cuando publicó en redes sociales una carta a favor de la despenalización del aborto. Luego, en febrero, protagonizó otra noticia de alcance nacional cuando fue convocada por el Ministerio de Salud de su provincia para intervenir en el "caso Lucía", la niña de 11 años que quedó embarazada como producto de una violación.

"Lucía vivía en el límite entre Tucumán y Santiago del Estero, en un pueblo pequeño que se llama 7 de Abril. Acudió embarazada al centro de atención primaria de la salud y le negaron la ILE", relató hoy la médica. Continuó: "La madre fue a la abortera de la zona, quien no se animó (a practicar la interrupción del embarazo) porque la nena tenía los genitales no desarrollados".

Ya con varias semanas de gestación, la menor de edad concurrió junto a su madre a la maternidad de San Miguel de Tucumán, en el Hospital Eva Perón. "Allí no sólo se le negó la ILE, sino que comenzaron una serie de torturas, porque sí, para la Convención Internacional de los Derechos Humanos, el embarazo infantil forzado es tortura", afirmó Ousset.
 

Tras quedar internada en el hospital, la niña fue visitada varias veces por un sacerdote que le dijo que debía querer al bebé. Además, el médico Gustavo Vigliocco intentó convencer a su madre de que la niña moriría "desangrada" si se practicaba el aborto, explicó Ousset.

Luego de varias dilaciones y de que los médicos del hospital público se negaran a practicar la ILE, el Ministerio convocó a Ousset y a su marido, el también médico José Gigena, que practicaron una cesárea en la semana 23 de gestación. "Un embarazo infantil forzado es el que ocurre en niñas menores de 15 años que no lo han deseado ni planeado, y a las que se les niega o demora la ILE", consideró Ousset, y recordó que la primera causa del embarazo infantil forzado es el "abuso sexual con violación". 

Para Ousset, el embarazo infantil puede convertirse en maternidad forzada por varias razones; entre ellas, la "falta de acceso al sistema de salud o la negativa de este sistema a practicar la ILE, y una sobrevaloración de la maternidad por parte de la sociedad". Por otro lado, destacó: "Muchas veces el abusador es quien lleva la manutención al hogar, por eso la niña sigue viviendo con él y se lleva adelante el embarazo".

La médica también advirtió sobre los riesgos físicos y psicológicos del embarazo infantil, ya que, por un lado, en las niñas menores de 15 años "el cuerpo no está desarrollado y tienen cuatro veces más riesgo de morir que una mujer embarazada mayor de 21 años, además de que acuden a abortos clandestinos".

Agregó que el abuso sexual del que resultan esos embarazos conduce a episodios de "ansiedad, estrés post traumático e intentos de suicidio". Por último, Ousset habló de las consecuencias económicas, ya que "son chicas que en el 50 % interrumpen su escolaridad, por lo que acceden a trabajos menos remunerados, no tienen acceso a la salud y, de ese modo, se perpetúa la pobreza por dos o tres generaciones". 

Tras realizar la cesárea a la niña, la fiscal Adriana Giannoni acusó a Ousset y a su esposo de homicidio agravado y el juez Facundo Maggio resolvió imputarlos. Sin embargo, a principios de agosto, tanto el juez como la fiscal fueron apartados de la causa.