El Vaticano nombró al obispo auxiliar de La Plata, monseñor Alberto Bochatey, “comisario apostólico” para todas las comunidades de la congregación religiosa que regentea los Institutos Próvolo, donde se investigan casos de abusos sexuales contra niños hipoacúsicos. Bochatey es ampliamente reconocido en Mendoza por sus tareas pastorales en la Parroquia San Agustín, del coqueto barrio Bombal, de Ciudad, y por ofrecer una reflexión, todas las noches, al cierre de la transmisión televisiva de Canal 9, allá por los 80.

Según publica Clarín, la nunciatura apostólica en Buenos Aires notificó que la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica designó a monseñor Bochatey “comisario apostólico ad nutum Santcta Sedis para todas las comunidades y los sodales de la Compañía de María para la Educación de Sordomudos”.

“Este oficio de comisario implica la atribución a monseñor Bochatey de todas las competencias que el derecho propio del Instituto y el derecho universal de la Iglesia Católica atribuye al gobierno del instituto religioso en cuestión”, subrayó el comunicado oficial.

La Compañía de María para la Educación de Sordomudos fue fundada el 23 de septiembre de 1839 en Verona, Italia, por Don Antonio Próvolo, quien dedicó su vida a la educación de la juventud necesitada y más específicamente de los chicos sordos.

Los primeros miembros de esta congregación llegaron a la Argentina el 12 de febrero de 1914 y se establecieron en la ciudad de La Plata y luego en Mendoza, donde son investigados los casos de abusos sexuales a niños hipoacúsicos.

La Justicia mendocina investiga al menos 27 denuncias contra los sacerdotes Nicolás Corradi, de 82 años y con denuncias previas por el mismo delito perpetradas en una casa religiosa de Verona (Italia), y Horacio Corbacho, de 55, además de la monja Kumiko y tres empleados del instituto José Luis Ojeda, Jorge Bordón y Armando Gómez. La causa ya cumplió seis meses y el escándalo no cede, ya que en este tiempo se siguieron sumando denuncias de víctimas. Por orden judicial, el predio de Mendoza permanece cerrado con custodia policial. Las autoridades del Próvolo en Italia reclaman que el edificio les sea devuelto y desde la Procuración en Mendoza quieren transformarlo en un museo del horror.