El caso de Luciana no inició cuando su padrastro, Jorge Gabriel Orellano, la llevó envuelta en una sábana hasta la Clínica Santa María, de Ciudad. La pequeña de tres años llevaba muerta al menos cuatro horas, según la autopsia realizada por el equipo del Cuerpo Médico Forense. El informe entregado por los profesionales indicó, además, que el cuerpo de la niña presentaba dos fuertes golpes en la cabeza, uno en la frente y otro en la nuca, que le causaron la muerte, y que tenía múltiples golpes en el pecho y en la espalda, posiblemente compatible con patadas y golpes de puño.

La evidencia del maltrato recibido por la menor y los testimonios de familiares y vecinos forman parte del cuerpo de una de las causas que tiene como imputados al padrastro de Luciana por homicidio agravado por alevosía (autor material del crimen), y a su madre, Rita Evelin Rodríguez, por homicidio agravado por el vínculo por omisión impropia, ya que no hizo nada para evitar el crimen. La fiscal departamental Daniela Chaler elevó a juicio en noviembre del 2014 las acusaciones por el crimen de Luciana. Además de esta causa, Orellano deberá responder por una acusación por tenencia ilegal de arma de uso civil, causa previa que fue unificada.

El juicio por esta causa iba a comenzar el lunes en la Séptima Cámara del Crimen, pero se suspendió debido a que el abogado de Orellano presentó un pedido para que se realizaran a su cliente estudios médicos, ya que este asegura tener meningitis. Una vez que los magistrados Belén Salido, Graciela Urciuolo y Agustín Chacón reciban los resultados de los análisis, determinarán una nueva fecha de inicio del juicio.

Por otra parte, otra de las causas que surgen por la muerte de Luciana Rodríguez es la que instruye la fiscal de Delitos Complejos Claudia Ríos y tiene como imputados a Fernando Herrera, por entonces director del servicio de Protección de Derechos, al operador Rafael Viscarra y las psicólogas Fabiana Lucentini y Gianina Consina por abandono de persona seguido de muerte, figura que contempla una condena de entre 5 y 10 años de prisión. También están señalados el psicólogo Mauricio Flores y la operadora Mónica Castro, acusados por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Las pruebas más contundentes en contra de los funcionarios de la Dirección de Niñez, Adolescente y Familia (DINAF) y del Órgano Administrativo Local (OAL) son los legajos e informes de dichos organismos recabados en la causa. La Justicia de Garantías será la que defina si se modifican las carátulas del expediente, acción solicitada por los abogados particulares que representan a familiares de Luciana y a exfuncionarios, o pasa a debate oral y público.
 

El camino hacia la muerte

En su corta vida, Luciana tuvo varios ingresos al hospital pediátrico Humberto Notti. Desde el nacimiento de la pequeña en 2011, se registraron al menos 16 denuncias de familiares y vecinos por los maltratos que sufría la menor.

En marzo de 2013, la DINAF entregó a la menor a la tutela de su tía Romina Sánchez, con quien permaneció durante más de cinco meses. Sin embargo, las precarias condiciones de su vivienda y la falta de calefacción adecuada derivaron en una neumonía que obligó a internar a Luciana. Luego de recuperarse, en julio de ese mismo año, regresó con su madre. Según el informe de la DINAF, su tía “no la quería cuidar más”.

El 31 de diciembre de 2013, un cuidacoche que trabajaba en la zona y que conocía la situación de la menor radicó la última denuncia sobre su situación de maltrato. El joven llevó a Luciana a una comisaría de la zona porque dijo haberla encontrado sola en la vereda de la casa usurpada en la que vivía con su madre, su padrastro y dos hermanitas menores, y con evidentes signos de maltrato. A la hora fue restituida a su familia.

El 2 de enero de 2014 se iniciaron en la DINAF los trámites administrativos que permitieron que su abuela materna, Claudia Rivas, obtuviera la custodia de la pequeña. Cinco días después, Luciana fue llevada sin vida a la Clínica Santa María por Jorge Orellano, quien luego se retiró del nosocomio.