En diciembre de 2016, cinco arqueólogas forenses obtuvieron material en distintos sitios de Tres de Mayo, Lavalle, con el objetivo de colaborar en la investigación por la desaparición de Johana Chacón, la adolescente que fue vista por última vez el 4 de septiembre de 2012. Pero ese material nunca fue enviado a Buenos Aires para su análisis –tal como se acordó– y sigue en el Poder Judicial. Así lo confirmó, Celeste Perosino, la profesional que lideró las excavaciones.

Perosino es la titular de la organización Acciones Coordinadas contra la Trata de Personas (ACC), que por medio de un convenio realizó el rastrillaje en Lavalle. La mujer tiene vasta experiencia en la temática, ya que trabajó durante once años en el Equipo de Antropología Forense (EAAF), cuya labor fue clave para identificar a desaparecidos y torturados, no sólo durante la última dictadura cívico-militar argentina, sino que también colaboró en otros países, por ejemplo, en el caso de los estudiantes desaparecidos en Ayotzipana, en México.

La antropóloga forense confirmó a Unidiversidad que la Justicia mendocina nunca envío el material que encontraron –sobre todo, restos óseos– a Buenos Aires para su análisis. Además, destacó su preocupación por la preservación de los mismos, ya que si no se cuida la cadena de custodia, cualquier hallazgo puede ser invalidado como prueba ante un juicio.

Cuatro años sin Johana y sin respuestas

Los nombres de Johana Chacón y de Soledad Olivera están unidos para siempre. Ambas vivían en el mismo lugar, salieron un día de su casa y nunca más se supo de ellas y las dos conocían al hombre que la Justicia señala como responsable de sus ...

Dinero público perdido

Perosino, en representación de la organización que lidera, firmó un convenio con la Justicia. En ese momento, la profesional acordó con el fiscal que investigó la desaparición de Johana Chacón, Santiago Garay, realizar un último rastrillaje en la finca Curallanca, donde vivía la adolescente con el imputado por su homicidio, Mariano Luque, y otros sitios de la zona seleccionados de acuerdo a los dichos de distintos testigos. Cuando se hizo el convenio, Garay confirmó a Unidiversidad que los resultados de las excavaciones serían la última prueba que incluiría a la causa antes de pedir la elevación a juicio.

Concretar esas excavaciones costó dinero público. Garay pidió autorización al Ministerio Público Fiscal, cuyo titular es Alejandro Gullé, para pagar los gastos de las cinco arqueólogas durante los cinco días que estuvieron en Mendoza, es decir los pasajes, el hotel y los viajes desde la Ciudad a Tres de Mayo, Lavalle.  También pidió autorización para que las muestras que obtuvieron se analizaran en Buenos Aires y no en el laboratorio de ADN de Mendoza, con el fundamento de la experiencia de los profesionales de la organización y del laboratorio de la Corte Suprema, que colaboraría con el estudio.

Una vez que se obtuvo el material en Lavalle, la Justicia también destinó efectivos para resguardar la cadena de custodia, un punto esencial para que ninguna de las partes en conflicto cuestione los resultados del análisis. Los restos hallados quedaron en una oficina de Tribunales de Mendoza con la debida custodia.

Cuando se inició el 2017, el procurador de la Corte, Alejandro Gullé, decidió que la causa Chacón pasara a manos de la fiscal de Homicidios, Claudia Ríos, ya que el anterior investigador, Santiago Garay, ahora se ocupa de delitos económicos. Fue por eso que Ríos se hizo cargo, y hace un mes concretó el pedido de elevación a juicio . 

Unidiversidad intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con la fiscal Ríos, pero la funcionaria no atendió el requerimiento.

Luque, el único imputado

Ríos ya elevó el pedido para que comience el juicio por el homicidio de la adolescente de 13 años, que sus compañeros vieron por última vez el 4 de septiembre de 2012, cuando se bajó del colectivo que la llevó desde la escuela Virgen del Rosario, en Tres de Mayo, hasta la puerta de la finca Curallanca, donde vivía.

Durante años, la investigación liderada por Santiago Garay no tuvo avances significativos. Eso cambió el 6 de noviembre de 2015, cuando Beatriz Chacón, hermana de Johana, acusó a su expareja, Mariano Luque, de haber ahorcado a la chica delante de ella y haber enterrado su cuerpo, para poco después quemar sus restos. Con esa declaración, Garay imputó por el homicidio a Luque, quien permanece en prisión preventiva hasta la realización del juicio.