El director del Servicio Penitenciario Provincial, Eduardo Orellana, está convencido de que Mendoza está saldando la enorme deuda que tiene con las cárceles, una deuda con las 5000 personas que conviven a diario con 2783 penitenciarios en alguna de las 15 unidades que tiene el sistema.  

Orellana enumera a Universidad algunas de las políticas que permitieron achicar esa deuda: claridad en los objetivos de la labor penitenciaria, el impulso a la educación y el trabajo de los internos, la puesta en marcha de obras que de a poco permiten descomprimir las unidades y un puñado de leyes impulsadas desde el Ejecutivo que –asegura– ayudaron entre otros aspectos a revertir la relación entre penados y procesados, que hoy es del 68 % al 32 %, es decir que actualmente hay 3191 personas condenadas y 1400 que aún esperan un juicio.

Aunque el director está convencido de que el servicio mejoró, deja en claro que falta y que su objetivo de máxima al concluir su gestión es entregar una institución más estable y confiable de la que recibió. Sobre todo, que quienes forman parte de ella entiendan que prestan un servicio público y que deben rendir cuentas.

Esa visión de una deuda que se achica, pero que aún no se salda, es la misma que compartió hace unas semanas Luis Vargas, un integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que recorrió los complejos San Felipe y Almafuerte, ya que sobre Mendoza aún pesan las sanciones que le impuso en 2015 ese organismo internacional, especialmente por el hacinamiento que soportaban los detenidos.

El estado de las cárceles mendocinas, otra vez ante la Comisión Interamericana

Provincial Unidiversidad por Unidiversidad / Prensa Gobierno de Mendoza / Publicado el 11 DE JUNIO 2019 Durante tres días, el comisionado por la Organización de Estados Americanos (OEA) para Argentina, Luis Vargas Silva, visitó Mendoza y evaluó nuevamente el plan de acción para resolver el hacinamiento en las prisiones mendocinas, frente a las expectativas del Gobierno provincial de que se levante una medida cautelar impuesta en 2015 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los casos de los penales Almafuerte y San Felipe.

Orellana conoce el sistema, al que ingresó como agente en 1987 porque no tenía trabajo. Cuenta que cuando lo echaron de la secundaria entró al Ejército, concluyó los estudios, pero le pagaban tan poco que con un compañero abrieron una panadería que se encargó de cerrar el Plan Primavera. Fue en ese momento cuando ingresó al servicio, en el que pasó por distintos puestos jerárquicos, entre ellos el de director de Boulogne Sur Mer (donde sobrevivió al motín vendimial) y desde hace cuatro años ocupa el cargo de director general.

Un sistema complejo

Orellana tiene a cargo la vigilancia y monitoreo de todo el sistema, que está dividido entre los penales de ingreso (San Felipe hasta los 21 años y Agua de las Avispas para las mujeres), los de cumplimiento de la pena (Almafuerte I; y a fin de año se inaugurará un sector de Almafuerte II y Borbollón de mujeres) y los de salida (Boulogne Sur Mer y las colonias penales, dos en Lavalle y una en San Rafael), a lo que se suman las alcaidías, entre ellas, las ubicadas en los hospitales El Sauce y Central.

El funcionario repite que lo primero que hay que entender es que el sistema está en constante movimiento, ya que 6000 personas lo atraviesan a diario, cada una con sus historias y sus problemáticas, ninguna de las cuales es simple de resolver.

El director dice que la cantidad de internos crece en Mendoza y en toda Latinoamérica desde 1998 –con un amesetamiento en 2011–, que el gran cúmulo de causas sigue relacionada con robos con armas, que la reiterancia se da especialmente en las franja de los jóvenes y que los detenidos por violencia de género tienen un perfil completamente distinto al del grueso de los internos. Orellana también aclara que el perfil de las detenidas mujeres cambió, que hoy son más las que participan en los robos, que en relación con ellas los varones son más violentos y causan más problemas, pero que con cada mujer detenida se abre un drama social enorme, porque son muchas las que tienen hijos, que en la mayoría de los casos quedan bajo la guarda de un pariente.

La situación de las cárceles

El presidente del la Suprema Corte, Jorge Nanclares, aseguró que la situación de los internos alojados en las penitenciarías mendocinas es un tema que vigilan de cerca y que no pueden descuidar. Dijo que, pese a los esfuerzos y los proyectos que el Ejecutivo puso en marcha, en algunos casos las personas privadas de libertad no tienen condiciones mínimas de dignidad en los penales.

Los cambios

Según su punto de vista, ¿qué cambió en el sistema que sustenta la mejora de la que usted habla?

Creo que la educación y el trabajo; el tiempo ocioso adentro de la cárcel tiene otra matriz. Especialmente, el trabajo está enfocado como una actividad proactiva, no como una obligación, porque cuando se aprobó la modificación de la ley hubo muchas críticas, pero el preso pide trabajo y hemos invertido en aulas, talleres. Creo que se produjo un equilibro y todos los que forman el sistema colaboran para esto. Es cierto que cada tanto hay un grupo minúsculo de presos que quiere seguir haciendo las cosas mal, lo que produce alteraciones y problemas, y que cada tanto hay algún penitenciario que tampoco entiende esto, pero son minorías. La mayoría entendió que se puede convivir, que se puede hacer cosas, y eso se ve reflejado en la reducción de la violencia, en la menor inseguridad dentro de la cárcel.

Tal como usted dijo, muchas personas criticaron la modificación de la ley relacionada con el trabajo. ¿Cómo se organiza?

Toda la gente opina, cree que vamos a poner una fábrica, no es así. Cuando las personas llegan a las cárceles, la mayoría viene desde lo marginal, en el sentido de que no tuvieron acceso a una buena alimentación, educación, tuvieron trastornos psicológicos, psiquiátricos o tienen algún problema de adicción, y en muchos casos tienen todo junto. Entonces, el hábito del trabajo hay que formarlo, porque algunos no saben qué es levantarse a las 8 de la mañana, no saben lo que es acostarse temprano, entonces ahora tienen que dar el presente a las 8. Creamos distintas etapas: la primera es de maestranza, es decir, la limpieza de espacios comunes, hacer jardines, sacar escombros; la segunda es mantenimiento, porque algunos tienen conocimiento de albañilería, plomería, electricidad, pintura, y al mismo tiempo muchos concluyen la educación. La tercera etapa es la de unidades de producción, donde tenemos convenios con distintas empresas y el interno hace el trabajo a cambio de una remuneración.

Uno de los problemas por los que fuimos sancionados por la Corte, pero que además atentaba contra la educación y el trabajo, fue el hacinamiento. ¿Cuál es la situación actual?

La sobrepoblación sigue existiendo, pero paulatinamente venimos descomprimiendo el sistema, porque se construyó la cárcel federal (que no depende de la Provincia), donde se instalaron 300 presos; luego se construyó una cárcel en San Rafael y en breve se inaugurará un sector de Almafuerte II. Hoy el servicio tiene 5000 personas y hay disponibles 4300 plazas, es decir que son 700 presos que están divididos en seis cárceles. La perspectiva es que dentro de tres años Mendoza no va a tener más sobrepoblación, el sistema se equilibrará.

"Trabajar es un reclamo de los detenidos"

Lo aseguró Fabricio Imparado, procurador de las personas privadas de la libertad. Dijo que en la actualidad la estructura no permite que lo hagan. Celebró que el gobernador haya puesto la problemáticas de las cárceles en el centro de la escena.

Causas y reiterancia

¿Cuáles son los delitos por los que más personas están privadas de libertad?

El robo a mano armada sigue siendo la pelea en donde se ha centrado la política de seguridad macro de la provincia.

¿Y los delitos relacionados con la violencia de género?

Esto tuvo un impacto enorme y las cárceles no tienen lugares para las personas que cometen violencia de género. Muchos me han preguntado si deberían ser especiales; creo que no, pero rompe con el tratamiento tradicional penitenciario y el perfil de los detenidos es completamente distinto, porque un gran número tenía trabajo y educación hasta universitaria. No había un programa de abordaje para estas personas y lo primero que se planteó fue empezar a trabajar con una nueva visión, por lo que pusimos en marcha el programa Aprendiendo Nuevas Masculinidades. Hoy está mucho más equilibrado.

Otro aspecto del que se habla siempre es la reinserción. ¿Cuál es su opinión?

La reinserción es como creer en Dios, entonces creo que debemos hablar de reiterancia, en lo que hemos bajado un punto. Por primera vez ha habido un retroceso. Esto se da sobre todo en la franja de los jóvenes, no en las personas que cumplieron condenas largas, que en general no regresan, pero sí en los jóvenes que cometen delitos menores, entonces apostamos al proceso educativo.

¿Cuál es la situación y el perfil de las mujeres detenidas?

En este caso, diría que crecieron en forma negativa, porque antes las causas eran por narcomenudeo. Hoy participan en robos, pero de todas formas tenemos una población de 87 personas.

El hacinamiento desmejoró las condiciones de detención

Ese es el diagnóstico de dos jueces de Ejecución Penal y del procurador de las Personas Privadas de Libertad. Dijeron que las modificaciones legislativas y los delitos de violencia de género produjeron un aumento significativo de la cantidad de ...

¿Cuál es el desafío que se plantean con las internas?

Es mucho más complejo que la mujer esté en prisión porque se cae la columna vertebral de la casa; hay otro tipo de trastornos, hay niños, a veces las trabajadoras sociales no encuentran quién quede a cargo y después hay que revincularlos. Por eso digo que la mujer es más compleja. El varón hace más lío, es más violento, pero socialmente es mucho más complejo que una mujer esté en la cárcel. Por ejemplo, los jueves tenemos visita de los hijos y la situación es tremenda, es durísima tanto para las internas como las penitenciarias.

Hace unos días, uno de los comisionados de la Corte Internacional recorrió dos unidades y dijo que había avances, aunque advirtió que el hacinamiento continúa. ¿Qué cree que advirtió en su recorrida?

Creo que el comisionado advirtió que hay una visión, un objetivo, que el servicio penitenciario tiene claridad en su labor, que el eje de la educación y el trabajo es real y no solo un eslogan que hemos puesto. El habló con las personas privadas de libertad, llegó y nos dijo: "¿Dónde me puedo meter?"; "Donde quiera", le dijimos, porque cuando vinieron en 2004 casi no podían entrar a ningún pabellón porque no era seguro. Creo que hay que tener en claro que las cárceles son las cárceles de la sociedad de Mendoza, no son las cárceles de Orellana, yo las administro, pero la cárcel habla de cómo somos como sociedad. Mandela decía que los cementerios, los hospitales y las cárceles somos nosotros, que las personas que están ahí son de nuestra sociedad. No hemos traído presos de otro país, son de acá y van a volver a la sociedad, no van a emigrar, van a volver acá. Entonces era necesario que empezáramos a ver eso, que esto no es ni más ni menos que un servicio público, que se presta con plata del Estado y tenemos que rendir cuentas, tenemos que decir en qué gastamos y en qué fallamos. Digo esto porque en 2004 parecía que éramos una fortaleza, que no teníamos que explicar nada a nadie. Solamente era: "Manden plata, está rota la cárcel, vamos a tener un motín o paguen por los muertos", parecía ser que estábamos aislados de la sociedad; entonces, si la persona volvía, era culpa del preso, no de nosotros, y creo que ahora estamos involucrados todos.