El Gobierno nacional propuso este jueves a los precandidatos presidenciales de Alternativa Federal, conformado por peronistas no kirchneristas, un acuerdo para negociar un conjunto de políticas públicas, como el equilibrio fiscal y el cumplimiento de los pagos con los acreedores de la Argentina, después del recambio presidencial del próximo 10 de diciembre.

Así lo confirmaron fuentes del Ministerio del Interior que afirmaron que la propuesta, de diez puntos, les llegó al senador nacional Miguel Angel Pichetto, al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y al ex jefe de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa.

"Es lo mismo que vengo planteando desde hace meses", aseguró Pichetto en declaraciones a la agencia de noticias Télam.

En ese sentido, el precandidato a presidente por Alternativa Federal, comentó que el borrador le fue enviado por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, tras una charla telefónica que mantuvieron esta semana.

"¿Quién no puede estar de acuerdo?", sentenció Pichetto antes de salir hacia las oficinas de campaña que tiene en la avenida Belgrano y Matheu, de esta Ciudad.

Desde el Ministerio del Interior confirmaron que la propuesta se trata de un trabajo con los tres precandidatos a presidente del peronismo federal, fruto de las conversaciones que mantuvieron con ellos, para dar una señal de previsibilidad.

"No descartamos que otros sectores de la oposición se sumen, pero no vamos nosotros a salir a buscarlos, sino que será un trabajo que deberán realizar los propios referentes de la oposición", indicaron desde las oficinas de Frigerio.

De hecho, de la propuesta fueron excluidos quienes aún no resolvieron públicamente si serán o no precandidatos a la Presidencia de la Nación: el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, a quien Alternativa Federal hace meses está tentando para que se sume a su propuesta; y la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner.

Ante esto, voceros del ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, expresaron su malestar por haber quedado excluidos en principio de esta negociación, según constató esta agencia.

Y Massa dijo en su cuenta de Twitter que "mañana (viernes) a las 18:30 hs. responderemos al Gobierno y a la propuesta política que han filtrado esta tarde en los medios".

También adjuntó su conferencia de prensa del pasado lunes, donde dijo que Macri debe "parar la pelota, animarse a tomar medidas extraordinarias" y "convocar a todos los líderes de la oposición, incluida la ex presidenta".

El documento que está en poder de Pichetto, Urtubey y Massa pretende acordar ciertas políticas públicas que formaron parte de los cambios a los que se vio obligado a implementar el gobierno nacional, luego de que se desatara la crisis cambiaria a mediados del año pasado, y que obligó a recurrir a un préstamo de 57 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional.

El primero de los puntos pretende que si es un actual opositor el que finalmente se hará cargo del Poder Ejecutivo, a partir del 10 de diciembre, se mantenga el objetivo de la administración de Mauricio Macri de "lograr y mantener el equilibrio fiscal".

Además, se busca que el próximo presidente "sostenga un Banco Central independiente que combata la inflación hasta llevarla a valores similares al de países vecinos".

También se pide una "mayor integración al mundo, promoviendo el crecimiento sostenido" de las exportaciones argentinas. En otro de los puntos se reclama "respeto a la ley, a los contratos y a los derechos adquiridos con el fin de consolidar la seguridad jurídica, elemento clave para promover la inversión".

Uno de los ítems impulsa la "creación de empleo a través de una legislación laboral moderna", mientras que el sexto punto pide una "reducción de la carga impositiva, a nivel nacional, provincial y municipal y enfocado en los impuestos más distorsivos".

Además de sugerir la "consolidación de un sistema previsional sostenible y equitativo", se alienta a lograr lo mismo con el "sistema federal, basado en reglas claras, que permitan el desarrollo de las provincias y que impidan que el gobierno nacional ejerza una discrecionalidad destinada al disciplinamiento político".

Finalmente, y luego de abogar por "un sistema de estadísticas transparente, confiable y elaborado en forma profesional e independiente", el documento enfatiza el "cumplimiento de las obligaciones con nuestros acreedores".