Hace poco más de nueve años, Mendoza aprobó la Ley Nº 8116, que prohíbe la venta de la droga misoprostol, utilizada para la interrupción del embarazo hasta la semana 12.ª de gestación. Ahora, la norma está siendo motivo de cuestionamientos en la Legislatura Provincial, donde se debate su derogación.

De hecho, tras una reunión de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, que tuvo lugar este martes, dos despachos salieron del recinto legislativo: uno a favor de dar de baja a la normativa vigente y otro que rechaza la actual propuesta. Así, todo indica que este miércoles, el debate por derogar o dejar en vigencia la prohibición tendrá un nuevo capítulo. “Se evaluarán instancias de diálogo entre los y las integrantes de la comisión, de manera que el tema sea tratado en la sesión”, explicó la diputada Hebe Casado (PRO).

Entre los argumentos que cita la ley, figura que la administración de la droga destinada a interrumpir la gestación sólo se puede concretar en el ámbito institucional sanitario, un restricción que, desde el punto de vista de los/las legisladores/as que promueven su venta libre, limita el derecho de las mujeres a elegir si continuar o no con la gestación.

La diputada radical Ana María Andía fue la primera en llamar la atención en este aspecto, hacia agosto de este año. “Estos temas nos atraviesan como ciudadanos, en el bloque, como familia, como sociedad”, y remarcó que la propuesta para derogar la ley se ha realizado en el marco de la “legalidad”, respetando el orden legal vigente y el Código Penal.

Se frena en la Legislatura la discusión por la venta de misoprostol en farmacias

Esto, pese a que la Anmat autorizó su expendio en todo el país.

Carlos Lombardi, vicepresidente del Instituto Multidisciplinario de Estudios de Género y Mujeres-UNCUYO, sostuvo que quitar la prohibición vigente puede prosperar debido a que el marco legal a nivel nacional establece la libertad de las mujeres para decidir la cantidad de embarazos y en qué momento ser madre. “Es un tema de igualdad ante la ley”, remarcó Lombardi.

Quien también opinó a favor de la derogación de la normativa fue la titular del Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva, Roxana Cabrera. “La provincia decidió capacitar a los profesionales de la salud y sensibilizar sobre el tema”, deslizó durante su presentación la funcionaria, y agregó que con este proyecto se busca preservar a la mujer e instruirla en los métodos anticonceptivos.

Las voces en contra de que la venta del misoprostol sea libre también se hicieron escuchar en la reunión de la Comisión de Salud. Paula Croatto, especialista en Derecho Internacional, aseguró que la propuesta no tiene el argumento legal suficiente y remarcó que la derogación de la ley vigente “sería un camino directo a la liberalización del aborto en la provincia”.

La abogada agregó que si la práctica del aborto se ampliara más allá de los casos contemplados en el artículo 86 del Código Penal, se entraría en los delitos concretos del aborto. “No sería la excepción de la no punibilidad de los casos de aborto (artículo 86 del CP), sino que sería un caso de aborto libre y son los que están penados por la ley”, aseveró.

Entre las posturas a favor de la prohibición vigente, se escuchó, además, la de diferentes médicos que dieron cuenta de los efectos adversos que puede tener la administración del misoprostol. Ahondaron también en las decisiones que han tomado algunos laboratorios a nivel mundial sobre la administración de esta droga sola o asociada con otras drogas. Desde el Centro de Apoyo para la Mujer, Mercedes Pennesi también fue una de las oradoras que rechazaron la derogación de la normativa actual.