El cambio climático es una problemática que atraviesa transversalmente a los sectores sociales, económicos, productivos, y a la salud y el bienestar de las personas. En este sentido, a pedido del Instituto Multidisplinario de Ciencias Ambientales (ICA) de la UNCUYO, distintos profesionales han analizado cómo afecta esta nueva realidad ecológica al área de su competencia.

Los especialistas coinciden en la necesidad urgente de implementar políticas públicas al respecto. Además, destacan el compromiso de la sociedad civil en cuanto a cambios de conductas, pensando en un futuro algo más prometedor que el que sobrevendrá si no se toman decisiones estructurales.
 

El inicio de un camino

Desde el ICA sostienen que se deben revisar las pautas de relación del hombre y su entorno como obligación constitucional. En tanto, José Pozzoli, titular de Agencia Estatal de Cambio Climático, aseguró que el calentamiento afecta a Mendoza al provocar retracción de glaciares y pocas nevadas, motivo de la crisis hídrica provincial.

Otro aspecto de revisión impostergable es el ordenamiento territorial. En este sentido, María Elina Gudiño (CIFOT, Facultad de Filosofía y Letras) asegura que el cambio climático repercutirá en los oasis, que representan el 3 % de la superficie total, pero en donde se concentra el 95 % de la población. La clave es el ordenamiento territorial como política de Estado. Resulta indispensable, entonces, reglamentar la Ley 8051.

En esto coincide la investigadora Elena María Abraham (IADIZA, CONICET), especialista en desertificación. La propuesta es identificar zonas según el suelo para diferentes usos y la capacidad de carga de los ecosistemas, la delimitación de áreas de intervención, el control de la expansión urbana y la de los oasis. Para los integrantes del Instituto de Ciencias de la Tierra, en tanto, es necesario anticiparse a los fenómenos climáticos extremos (Zonda, nevadas, sismos) para planificar estrategias de gestión y reducción de riesgos.
 

Cambio climático, salud y educación

La salud de la población también se ve afectada por esta problemática. Según Adriana Koch, docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCUYO, el fenómeno conlleva cambios epidemiológicos que afectan a las poblaciones más vulnerables y de escasos recursos. Para que el impacto sea menor, hay que reorganizar los sistemas de salud, contemplando nuevos riesgos. Son necesarios programas de prevención, fortalecimiento de los servicios, programas de inmunizaciones y vigilancia epidemiológica, entre otras acciones.

Tania Bilbao y Paula Sosa, del ICA, ven en la educación una herramienta para cambiar hábitos. Se refieren a esta como el proceso en el cual la comunidad toma conciencia de su medio y adquiere competencias para resolver problemas. Educar equivale a que adultos, jóvenes y niños comprendan las relaciones con el entorno.
 

Adaptaciones necesarias

Por su parte, Mauricio Pinto, de la Facultad de Ciencias Agrarias, remarcó que las leyes que regulan el agua deben responder a nuevos desafíos. Ante el aumento de las sequías, deberá potenciarse la oferta hídrica, con previsiones para reusar efluentes y aprovechar fuentes desreguladas. El aumento de inundaciones exige perfeccionar mecanismos de orden del territorio.

Sobre cómo deberían adaptarse las actividades económicas, los especialistas Eduardo Comellas y Mauricio Buccheri –INA, UNCUYO– manifestaron que la política ambiental de un país debe planificar pautas a largo plazo. La economía tiene que reflejar costos y beneficios de adaptación. Es fundamental calcular daños monetarios que podrían evitarse por medio de una política de adaptación, o los que habría que pagar si no la hay.

A su turno, el ingeniero Dante Bragoni (IDE, UNCUYO) se refirió a la matriz energética nacional y el rol central del sector eléctrico para la incorporación de energías renovables, ya que la matriz energética actual depende en el 90 % de combustibles fósiles. Habría que aprovechar el potencial de las renovables utilizadas en sistemas integrados a la red. En Argentina, las nuevas tecnologías de energías renovables ya cuentan con marcos jurídicos de apoyo y promoción.
 

Cambio de hábitos

Lía Martínez y Romina Benítez –del ICA– explicaron que el desarrollo en materia de transporte requerirá de voluntad y nuevos enfoques. Evitar los viajes innecesarios, mejorar el transporte colectivo urbano para desalentar el uso del individual, son medidas que no pueden implementarse aisladamente, sino en paquetes para que se refuercen entre sí.

Sobre el tratamiento de los residuos sólidos urbanos, Peter Thomas, del ICA, advirtió de que la situación local es preocupante, ya que en el Gran Mendoza se producen 350 kilos de basura por persona por año. Cuando avanza la descomposición biológica, la basura orgánica emite metano, gas de efecto invernadero 21 veces más reactivo que el carbono. La falta de tratamiento de los residuos contribuye a la contaminación del aire, suelo y agua.
 

Desafíos

En conclusión, Argentina es vulnerable al cambio climático, por su situación socioeconómica y su posición geográfica. Se están realizando esfuerzos pero, lejos de los resultados esperados, con el agravante de que existe un consenso científico sobre lo que sucederá con respecto a esta problemática en el futuro. Las políticas públicas de mitigación deben ser implementadas en todos los niveles del Estado. Hay que establecer políticas públicas hoy pero pensando en el futuro.