Para el Subdirector de Niñez, Adolescencia y Familia de la Dirección de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia, Javier López Maida, bajar la edad de imputabilidad a 14 años "es inconstitucional" y constituye una forma de "estigmatizar a los jóvenes de barrios humildes". Según el especialista, la iniciativa que se trabajará durante 2017 el Gobierno no bajará los niveles de inseguridad.

El argumento del especialista es que la iniciativa es inconstitucional porque Argentina suscribió a pactos internacionales que establecen el principio de no regresividad. En nuestro país, la ley vigente es la Ley 22803 decretada por el Gobierno militar en 1983, que estableció el mínimo de 16 años. La norma vino a reemplzar un decreto de ley que dictó el presidente de facto Jorge Rafael Videla (N° 22278)  que establecía el mínimo de 14.

Por su parte, el diputado nacional, Luis Petri, manifestó su apoyo a la idea del Ejecutivo nacional. Petri explicó que es necesario crear un régimen de responsabilidad penal juvenil. Alegó que en la Convención Internacional de los Derechos del Niño no establece en ninguna parte la prohibición para bajar la edad de imputabilidad y que la medida abarca un conjunto de políticas más amplias para atender a los jóvenes. En concreto, se busca reeducar y resocializar a los menores que cometen delitos a través de una reforma total del sistema de responsabilidad penal.

“No estarían alojados en los penitenciarías. Se tiene que analizar la construcción de establecimientos especiales, pero hay que recordar que la prisión es la última instancia y en los casos que se haya cometido un delito grave”, sentenció el legislador radical. Sobre esto, señaló que hubo intentos de gestiones anteriores que no lograron los consensos necesarios. "Buscamos la construcción de consensos para elaborar un proyecto, pero lo primero se va a convocar a un comité de expertos", señaló. La idea es tener un proyecto que se pueda sancionar en 2018. 

Los argumentos en contra

“Meter preso a un chico de 14 años que estará con otras personas, sería una pena cruel y degradante”, sentenció el funcionario judicial, López Maida, al tiempo que argumentó que hay pocos jóvenes de 16 años que están detenidos por hechos delictivos graves. Para validar su tesis señaló un informe de Unicef realizado en 2014 que señala que en ese momento la cantidad de atentados contra la vida cometidos por menores era 46 y según estimaciones en Mendoza no llega a 10.

El abogado aprovechó y criticó al senador nacional Luis Petri. Es que el legislador radical fue uno de los funcionarios que participó de la reunión con el ministro de Justicia Germán Garavano y es conocido por otras leyes como la ley 8465 que regula el régimen de salidas transitorias. “Las leyes de Petri no han generado una baja de ingresos al penal, de hecho, ingresaron más personas”, recriminó López.

Según su cosmovisión, el reflote de la iniciativa tiene que ver con un ideario que tienen los gobierno de derecha para culpar a los sectores que "sufren los efectos de sus políticas". “Cuando el péndulo va hacia a la derecha, los gobiernos tienen que sacar medidas de seguridad, porque se está limitando la inclusión social de otros sectores”, sentenció López Maida.

Las quejas de la oposición

El diputado por el Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño, sostuvo que “mientras despide y recorta en educación, el Gobierno pretende bajar la edad de imputabilidad para profundizar su política de criminalización y cárcel para la juventud”. En este sentido denunció que “es clarísimo que el Gobierno pacta con las cúpulas policiales que comandan el ’gran delito’. Ya lo venimos viendo con María Eugenia Vidal, en la provincia de Buenos Aires”.

En la misma línea, la diputada del GEN, Margarita Stolbizer, calificó de populista y demagógica la medida y aseguró que rechazará la apertura del debate. 

Macri quiere bajar edad de imputabilidad de 16 a 14 años

El informe del CEPOC

En un informe elaborado por la el Centro de Estudios en Política Criminal (CEPOC) agregaron a esto que se debe hacer un planteo integral que permita hacer cumplir las leyes que ya existen y que el Estado tampoco tiene los recursos para hacer modificaciones que protejan a la niñez.

En un extenso documento titulado "Ningún pibe nace chorro", la organización analizó con preocupación el hecho de que las políticas de responsabilidad penal juvenil pueden aumentar los castigos de los acusados por la trascendencia que pueden tomar los casos a través de los medios de comunicación y que profundiza las castigos. Un caso emblemático fue el secuestro y posterior muerte de Axel Blumberg, un joven de 23 años donde los captores recibieron prisión perpetua pero se amplió a 50 años. 

Ningún Pibe Nace Chorro by Juan Stagnoli on Scribd

Los vaivenes de la edad

En 1921 durante el gobierno de Yrigoyen se estableció la edad de imputabilidad a los 14 años. En 1954, durante el peronismo, se amplió a 16 y esa edad se extendió hasta 1976 cuando la dictadura la redujo a 14 a través del Decreto- Ley 21338 y que se validó en 1980 cuando se dictó la ley 22278.

El 5 de mayo de 1983, en el último tramo de Proceso de Reorganización Nacional dictó la ley 22803 que en su artículo 1º estableció: “No es punible el menor que no haya cumplido 16 años de edad. Tampoco lo es el que no haya cumplido 18 años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos años, con multa o con inhabilitación.”

Esa ley es la que está vigente en la acutalidad. Todos coinciden en que es necesario reformar el texto porque surgió durante la dictadura militar. Para el diputado radical Petri es necesario tener en cuenta un estructura especial para atender a estos jóvenes. Según explicó se necesitan especialistas y trabajo en consenso para discutir una reforma de responsabilidad penal mejor.

Cuando el Presidente regrese de sus vacaciones, firmará el decreto para convocar a un comité de expertos que estudiarán la iniciativa. La firma será el puntapié oficial para un debate que tiene casi 100 años de historia y voces tanto a favor como en contra.