La cantidad de niños, niñas y adolescentes que están bajo el cuidado del Estado aumentó el 40 % en un año y actualmente son 539 los que viven en alguno de los 32 hogares oficiales. Así lo aseguró la directora de Cuidados Alternativos, Belén Canafoglia.

La funcionaria subrayó que entre 2017 y 2018 hubo un crecimiento significativo de la cantidad de pequeños que están bajo el cuidado estatal, pero dejó en claro que, luego de un trabajo interdisciplinario, el 70 % regresa con su familia, por lo que solo 79 buscan un hogar adoptivo.

Canafoglia fue una de las funcionarias que firmó un protocolo entre el Ejecutivo y el Judicial cuyo objetivo central fue reglamentar tareas y obligaciones referidas al trámite de adopción. El eje central de ese acuerdo busca que quienes intervienen en el proceso pongan al niño o niña –y a sus derechos– en el centro de la escena, siguiendo el paradigma de niñez que marcan las leyes, y no a los adultos ni a sus necesidades.

Las modificaciones son sutiles, pero buscan que el/la juez/a de Familia cuente con toda la información necesaria para dictar el estado de adoptabilidad del niño, esto es, desde datos aportados por quienes lo cuidaron en el hogar, sus características y preferencias, hasta los documentos que establezcan que se agotaron todas las instancias con la familia biológica. Actualmente esto no es así, sino que en muchos casos necesitan más informes, que demoran el proceso.

La Red Argentina por la Adopción: "Hay que derribar los mitos del proceso"

Antonio Romeo contó como será el primer festejo oficial del Día Mundial de la Adopción en Mendoza y destacó los avances que produjo el nuevo Código Civil respecto de los tiempos y requisitos a la hora de adoptar. Además, celebró que "personas ...

Crecimiento significativo

Los 539 niños y niñas que actualmente viven en algunos de los 32 hogares estatales llegaron allí luego de que los profesionales del Órgano Administrativo Local (OAL) tomaron lo que se denomina una medida excepcional, es decir, separarlos por un tiempo de sus familia para resguardar sus derechos y su integridad. Es una medida cuya legalidad controla un juez de Familia y que tiene un plazo establecido de 90 días, aunque se puede extender por única vez 90 días más.

Canafoglia explicó que las razones para que se tome esta medida extrema son varias; entre ellas abuso, maltrato, violencia o negligencia grave en los cuidados básicos. Durante los 180 días que dura la misma, los profesionales trabajan con la familia directa (madre, padre o adulto responsable) para que modifiquen su conducta y los niños o niñas puedan regresar a su casa. Además, también trabajan con la familia extendida, es decir con tíos/as o abuelos/as con los cuales pueden vivir si los primeros no modifican sus conductas.

La funcionaria explicó que el 70% de los chicos y chicas que vive por un tiempo en un hogar estatal regresa con su familia directa o extendida. Explicó que cuando el pequeño sale de su ámbito, en general los adultos que están a su cuidado reaccionan e intentan cambiar la conducta que pone en peligro a los pequeños.

Teniendo en cuenta esta situación, es que Canafoglia dejó en claro que solo 79 niños y niñas buscan una familia adoptiva, ya que su núcleo íntimo no modificó las conductas que lo ponen en peligro. En esos casos, el OAL solicita al juez el estado de adoptabilidad y comienza el proceso de vinculación con las personas anotadas en el Registro Único de Adopción (RUA).

Mendoza tiene su protocolo para mejorar el trámite de adopción

En la provincia hay aproximadamente 79 niños y niñas a la espera de ser adoptados. El Ministerio de Salud y la Suprema Corte local trabajarán en conjunto para proteger sus derechos.Críticas por demoras

Las críticas a las demoras en el proceso de adopción son reiteradas, incluso las repitieron tanto el gobernador Alfredo Cornejo como la ex subsecretaria de Desarrollo Social y hoy legisladora Marcela Fernández. Ambos, en distintos momentos, apuntaron al Poder Judicial por demorar la decisión de dictar el estado de adoptabilidad de un pequeño, con lo cual se inicia el proceso de vinculación con las personas que quieren convertirse en su familia.

El Código Civil y Comercial redujo los plazos del proceso, pero en algunos casos las demoras continúan. Canafoglia explicó que existen tiempos legales para que las familias biológicas puedan apelar la decisión.

La funcionaria detalló que, en promedio, pasan entre 11 y 15 meses para que los magistrados dicten el estado de adoptabilidad. Este plazo se suma a los 180 días en que se trabajó con la familia biológica, y durante todo ese proceso la niña o el niño permanece en uno de los hogares estatales.

Los más perjudicados con las demoras son los niños y niñas, porque aun cuando los hogares estatales mejoraron y se incrementó el número de personal que los cuida, nunca podrán reemplazar la vida familiar.

Protección de la niñez: la política del Ejecutivo no funciona

La exministra de la Suprema Corte de Justicia y especialista en Derecho de Familia, Aída Kemelmajer de Carlucci, aseguró que el sistema que puso en marcha el Ejecutivo para proteger a la infancia no funciona, lo que pone en riesgo la vida de los pequeños.

 

El proceso de adopción

La titular del Registro único de Adopción (RUA), Verónica Gutiérrez, explicó que de los 79 niños y niñas que buscan una familia adoptiva, la mayoría tiene más de diez años y en algunos casos alguna discapacidad, ya sea física o mental.

Gutiérrez subrayó que el plan de familia del 80 % de las personas anotadas en el registro (actualmente 580) es adoptar a un bebé o a un pequeño hasta los 3 años de edad. Es necesario trabajar en ese sentido para que amplíen su plan y se concreten adopciones de chicos más grandes e incluso de adolescentes.