El gobierno provincial se defendió mediante la "excepción de cosa juzgada" por considerar que la pretensión pampeana es un replanteo de lo ya resuelto en la sentencia de la Corte del 8 de diciembre de 1987. Además, sostiene que no le cabe responsabilidad alguna por el estado ambiental actual del territorio de La Pampa. Todo pasó durante la audiencia pública de conciliación convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación entre las provincias por el uso de aguas del río Atuel.

En la causa que se denomina “La Pampa, Provincia de c/ Mendoza, Provincia de s/ uso de aguas” y que está en trámite ante la Secretaría de Juicios Originarios, el máximo tribunal habilitó la participación de “Amigos del Tribunal” (Amicus Curiae). En esta figura, por parte de La Pampa fueron aceptados: la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), el hidrogeólogo Carlos Juan Schulz, Carlos Campú y Pedro Coria en representación de los pueblos originarios. Por Mendoza, la Corte aceptó a Sergio Marinelli, superintendente del Departamento General de Irrigación, a la Universidad de Mendoza y a la Federación Agraria Argentina de General Alvear, en representación de los productores agropecuarios.

En nombre del gobierno mendocino disertaron el gobernador Alfredo Cornejo; el fiscal de Estado, Fernando Simón y el patrocinante de la provincia de Mendoza, Alberto Bianchi. Además, estuvieron presentes el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Dalmiro Garay, el asesor de Gobierno, César Mosso Giannini y la vicegobernadora, Laura Montero.

Mendoza planteó la excepción de cosa juzgada, entre otras defensas, por considerar que la pretensión de La Pampa no es más que un replanteo de lo ya resuelto en la sentencia de la Corte del 8 de diciembre de 1987, publicada en Fallos: 310:2478, y sostiene que ha cumplido con las obligaciones emergentes de dicho pronunciamiento y con las asumidas en los acuerdos posteriores que vincularon a las partes.

Además, la provincia afirmó que no le cabe responsabilidad alguna por el estado ambiental actual del territorio pampeano, sino que ese escenario se derivaría de razones naturales y de las omisiones en materia de políticas públicas en las que habrían incurrido la actora y el Estado Nacional, explica el Centro de Información Judicial.

Al respecto, Cornejo dijo: "El criterio de mi Gobierno es que este es un tema que ya está resuelto desde el año 1987, cuando la Corte habilitó a Mendoza a regar 75 mil hectáreas y el agua se ha ido agotando al igual que el caudal del río Atuel, además hay un cambio climático feroz que ha afectado en estos últimos 40 años a la montaña y glaciares, sin embargo Mendoza ha hecho muchísimos esfuerzos para lograr la eficiencia del agua, ha invertido en los últimos 30 años más de 120 millones de dólares mediante fondos del Estado y de los regantes, no con fondos otras instituciones”.

Durante la audiencia transmitida mediante Internet se proyectó un video de 12 minutos titulado Mendoza es Desierto que explica la geografía de Mendoza y compara la situación de ambas provincias en relación a ríos y caudales: indica que el 97 % del territorio mendocino constituye un desierto y que la suma del caudal promedio de los 4 ríos más importantes como el Mendoza, Tunuyán, Diamante y Atuel representan "menos del 1% del caudal promedio del río Paraná". También señala que el gobierno mendocino ha realizado inversiones por 100 millones de dólares en los últimos 10 años en obras en el río Atuel que "contrastan con el lado pampeano" y afirma que apesar de todo "en Mendoza el agua no alcanza".

El mandatario mendocino sostuvo: "Mendoza está siempre abierta a acuerdos. La Pampa ha construído un mito acerca de un río robado cuando en realidad no ha hecho ninguna obra y se ha contentado con echarle la culpa a Mendoza. No obstante, el gobierno que represento está abierto a lograr acuerdos para mayor eficiencia en el uso del río Atuel pero también requiere trasvasar agua del rio Colorado y volcarla sobre el Atuel para poder irrigar la zona del noroeste de La Pampa pero hay que advertir que hay zonas mendocinas que tienen la misma arides que ese sector pampeano que también sufren". 

El gobernador afirmó que "casi el 90 % del territorio de La Pampa no necesita un sistema hídrico, es decir un sistema de irrigación hecho por el hombre, se riega por la lluvia por lo cual tiene una ventaja que Mendoza no tiene. No es razonable pedirle al desierto que entregue agua".

Como conclusión de la audiencia y en vistas de una posible resolución del conflicto, Cornejo se mostró cauteloso: “Es un litigio que recién se inicia, esta es una audiencia informativa, no creo que sea conveniente generar expectativas a cerca de una resolución rápida de este conflicto, eso lo decidirá el tribunal. Ahora cada parte se expresa y es un buen mecanismo que todos aporten sus miradas en un conflicto tan complejo”, comentó.

Datos: en La Pampa llueve el doble que en Mendoza

El gobierno de Cornejo afirma que por esto nuestra provincia necesita del Atuel, mientras que, en la vecina provincia el 100 % del territorio no necesita ser irrigado.

La Pampa, por su parte, sostuvo su defensa asegurando que esa provincia es víctima del “robo” del río Atuel y exigiendo que se respete su “derecho humano al agua”. El gobernador Carlos Verna dijo que "el agua no es un bien comercial, es un derecho humano”.

Por la UNLPam, expuso  Beatriz Dillon, licenciada en geografía quien expresó: "La realidad no se fuerza. La vida de las personas tampoco. Los números son irrefutables y elocuentes. La población sufrió un éxodo forzado. En 23 años, de 1947 a 70, la regresión poblacional fue del 41% en los departamentos afectados, son 135 personas que se fueron por año, tres familias por mes". Además, expresó que "el corte ocasionó en los pobladores que se quedaron y resistieron en el oeste la pérdida de valores ancestrales asociados al uso del río, sumergiéndolos en una amnesia hídrica", según El Diario de La Pampa.

El conflicto

La problemática arrastra un extenso historial de discordia y se remonta a 1947, en plena inauguración del embalse El Nihuil, en San Rafael. En aquel momento, La Pampa aseguró que la nueva construcción había modificado el curso del agua, lo que habría perjudicado a los habitantes del oeste de la vecina provincia.

Hubo que esperar 40 años para que, en 1987, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declarara el carácter “interprovincial” del Río Atuel y estableciera el marco regulatorio para utilizar el recurso hídrico de manera compartida y equitativa. Recién en 2014, La Pampa demandó a Mendoza por el supuesto daño ambiental ocasionado y por el incumplimiento de ese fallo.

La jurisdicción pampeana había solicitado que el máximo tribunal ordenara el “cese y recomposición” del daño ambiental con obras que optimizaran el recurso hídrico, a la par de una condena a Mendoza a pagar una indemnización por los “perjuicios sufridos” en la zona del Río Atuel. En aquella oportunidad, la Corte se basó en el artículo N.º 127 de la Constitución Nacional, que establece que las demandas de las provincias deben ser sometidas a la Justicia de la Nación y dirimidas por ella.