La Argentina alcanzó los 40 puntos sobre un máximo de 100, lo que muestra una leve y lenta mejora hacia la transparencia del Estado nacional desde 2015, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de la organización no gubernamental global Transparencia Internacional. En esa encuesta, los países que se acerquen a 100 puntos son los percibidos como más transparentes. Sin embargo, Argentina, con ese puntaje, sigue ubicada en el puesto 85 entre 180 países encuestados.

En el último año del gobierno de Cristina Kirchner, el IPC había llegado a 32 puntos; al año siguiente, con la asunción de Mauricio Macri y una serie de medidas como las leyes de acceso a la información pública, responsabilidad penal de las empresas y del arrepentido, se avanzó hacia 36, y en 2017 se llegó hasta 39. Por lo tanto, en 2018 –año de la apertura de la causa de los cuadernos de la corrupción– mejoró un punto al llegar a 40.

Sin embargo, con 40 puntos, Argentina se mantiene por debajo de la media global en materia de percepción de corrupción, de 43 puntos, que de por sí es una media muy mediocre, y se ubica entre los dos tercios de los países que no alcanzan los 50 puntos.

En relación con los países de América, Argentina se ubica en el puesto 16 sobre 32 países, ranking que encabezan Canadá, Estados Unidos, Uruguay, Barbados y Chile, y cierran México, Guatemala, Nicaragua, Haití y Venezuela. Se trata de un índice porque la corrupción, como es ilegal y clandestina, no se pude medir en su verdadera magnitud.

Según Poder Ciudadano –el representante de Transparencia Internacional en la Argentina–, el actual gobierno “adeuda una nueva ley de ética en el ejercicio de la función pública que controle eficazmente el conflicto de interés, que es el espacio donde más dudas acumula; redefinir el rol de la Oficina Anticorrupción y su independencia; una nueva ley de compras y contrataciones que incorpore estándares de integridad y transparencia; pero, principalmente, reducir la brecha entre las normas y las prácticas”.

La gran deuda “se relaciona con la eficacia y transparencia en el Poder Judicial, que no ha tenido cambios significativos en los últimos años”, más allá de la destitución del excamarista federal Eduardo Freiler y la renuncia del polémico exjuez federal Norberto Oyarbide. Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, declaró: "Si bien se observa una muy pequeña mejora en cómo se percibe a Argentina, aún nuestro país se encuentra en un lote de países que ocupan el tercer cuarto de la medición. Más allá de las normativas sancionadas, como país tenemos una deuda con la aplicación de esas normas y especialmente con la transformación del sistema judicial, que continúa sin cambios significativos en los últimos años".

La especialista argentina y presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio, dijo a Clarín por teléfono desde la sede de TI en Berlín que el gobierno tiene "varias asignaturas pendientes en la materia y hay una brecha entre el discurso de Cambiemos y la acción". “Para luchar efectivamente contra la corrupción, es indispensable garantizar el acceso a la información pública, mejorar los niveles de integridad y ética, como mecanismos de prevención de los conflictos de interés que son la puerta de ingreso de la corrupción", finalizó Ferreira Rubio. La Oficina Anticorrupción, que dirige Laura Alfonso, había identificado más de 90 casos de conflicto de intereses.

Dijo que el gobierno ya anunció varias veces el envío de una ley de integridad pública que reemplace la que envió el expresidente Carlos Menem al Congreso en 1997 a regañadientes, pero nunca lo hace. "Ahora, dicen que el presidente la mandará el 1.° de marzo en su discurso para el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso", comentó. Pero lo hará "en el último año del actual mandato de Macri y en medio de la campaña electoral", destacó quien llegó el fin de semana a Berlín luego de participar de la cumbre de Davos.

Puso énfasis en darle mayor independencia a la Oficina Anticorrupción. "Laura Alonso es honesta, sabe del tema y es partidaria del gobierno, pero depende del ministro de Justicia, que a su vez depende del jefe de Gabinete, que a su vez depende del Presidente. Así, ¿qué capacidad tiene para investigar a los funcionarios de turno?", subrayó.

Consultada por el DNU sobre la extinción de dominio, sostuvo: "Es una ley muy necesaria para lucha contra la corrupción, pero espero que el gobierno cumpla con su promesa de mandar un proyecto al Congreso". "No se puede aplicar estas medidas a las apuradas y tampoco podemos ponerla en vigencia sin respetar las leyes. En otras palabras, No podemos comernos al caníbal", finalizó.

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2018, publicado por Transparency International, revela la incapacidad de la mayoría de los países para controlar la corrupción, lo que a su vez contribuye a una crisis de la democracia en todo el mundo.

“Con tantas instituciones democráticas amenazadas en todo el mundo –a menudo, por líderes con tendencias autoritarias o populistas–, es necesario seguir trabajando para fortalecer los mecanismos de control y equilibrio y proteger los derechos de los ciudadanos”, señaló Patricia Moreira, directora ejecutiva de Transparency International. “La corrupción socava la democracia y genera un círculo vicioso que provoca el deterioro de las instituciones democráticas, que progresivamente van perdiendo su capacidad de controlar la corrupción”, agregó Moreira.

El IPC de 2018 se nutre de 13 encuestas y evaluaciones realizadas por expertos para medir la corrupción en el sector público de 180 países y territorios, a los cuales se les asigna una puntuación de 0 (corrupción elevada) a 100 (transparencia elevada). El barómetro de la corrupción, que se basa en una encuesta a gente común, se conocerá en mayo.

Más de dos tercios de los países analizados obtienen menos de 50 puntos. La puntuación media es de tan solo 43. Desde 2012, solamente 20 países han registrado mejoras significativas en sus respectivas puntuaciones; entre ellos figuran Estonia y Costa de Marfil. En otros 16 países, entre los que destacan Australia, Chile y Malta, las puntuaciones han empeorado de forma significativa.

Dinamarca y Nueva Zelanda se sitúan en las primeras posiciones del Índice con 88 y 87 puntos, respectivamente. En la parte baja de la tabla se encuentran Somalia, Sudán del Sur y Siria, con 10, 13 y 13 puntos, respectivamente. Por regiones, Europa Occidental y la Unión Europea (con 66 puntos de media) son las mejor puntuadas, y África (con una media de 32 puntos), la que presenta una peor puntuación media, seguida muy de cerca por Europa Oriental y Asia Central (35 puntos de media).

El análisis cruzado del IPC con los datos relativos a la democracia revela una relación directa entre la corrupción y la salud democrática global. Las democracias caracterizadas como “plenas” obtienen en promedio 75 puntos en el IPC; las etiquetadas como “débiles”, una media de 49 puntos; los denominados “regímenes híbridos” (que presentan elementos propios de los sistemas autocráticos), 35 puntos de media; los regímenes autocráticos son los que obtienen peores resultados, con 30 puntos de media.

Con una puntuación de 71, Estados Unidos desciende cuatro puntos con respecto al índice del año pasado y alcanza –por primera vez– su nivel mínimo en el IPC de los últimos siete años. Durante la administración de Donald Trump ha sido también la primera vez desde 2011 que EE. UU. sale del grupo de 20 líderes de la transparencia en el IPC. Este descenso "se produce en un contexto en el que EE. UU. ve amenazado su sistema de controles y contrapesos, además de sufrir una erosión de las normas éticas en sus máximos niveles de poder", señaló TI.

Brasil pierde dos puntos en comparación con el año anterior y se sitúa en 35 puntos, lo que también supone su puntuación más baja del IPC en siete años. Junto a las promesas de acabar con la corrupción, el nuevo presidente Jair Bolsonaro "ha dejado claro que gobernará con mano firme, lo que representa una amenaza para muchos de los hitos democráticos que ha logrado el país".

“Nuestra investigación establece un vínculo muy claro entre el hecho de contar con una democracia saludable y el éxito en la lucha contra la corrupción en el sector público”, afirmó Delia Ferreira Rubio. “La corrupción tiene una probabilidad mucho mayor de surgir cuando la democracia se asienta sobre cimientos débiles y, como hemos visto en muchos países, cuando los políticos antidemocráticos y populistas tienen la oportunidad de utilizarla para su beneficio”, finalizó la presidenta de Transparencia Internacional.