La resolución, adoptada por el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia, deja sin efecto el beneficio otorgado a fines del año pasado por el entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski. El titular de dicho juzgado, Hugo Núñez, encontró procedentes los alegatos de los abogados de deudos de las víctimas de 25 asesinatos y dos secuestros agravados por los que Fujimori había sido condenado.

Esas partes sostuvieron que el indulto otorgado por Kuczynski, basado en razones supuestamente humanitarias, no cumplió los requisitos legales. El caso había vuelto a la justicia peruana por decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). El defensor de Fujimori, Miguel Pérez Arroyo, afirmó que apelará a la brevedad y sostuvo que la decisión del juez tiene “motivaciones políticas”. Hasta esta tarde se desconocía si Fujimori, de 80 años, estaba en la lujosa casa del barrio limeño La Molina, donde vive desde que recuperó la libertad.

Penalistas sostienen que la apelación a la anulación del indulto procederá si se demuestra que el juez no fundamentó su decisión. Indicaron también que un habeas corpus puede evitar la detención inmediata. Eso es a lo que apunta hoy la defensa del expresidente peruano.

Según la agencia DPA, no se habían observado acciones policiales para capturar al exmandatario, pero, dado que la residencia está en un lugar muy reservado, no había certeza plena sobre el paradero. Fujimori fue indultado en la última Navidad por Kuczynski, en una maniobra con la que este evitó ser destituido por la mayoría fujimorista del Congreso unicameral. Para otorgar el beneficio, Kuczynski invocó razones humanitarias derivadas de la salud del Fujimori, quien padece recurrentes síntomas de hipertensión, depresión y gastritis, así como lesiones precancerígenas en la boca. Médicos independientes aseguraron en su momento que, aunque Fujimori está realmente enfermo, ninguno de sus problemas impedía que siguiera en el cuartel policial limeño que le servía de prisión. Kuczynski estaba acusado de "incapacidad moral" por vínculos con la constructora brasileña Odebrecht y la destitución parecía inevitable, pero un sector de la bancada fujimorista, liderada por un hijo del reo, Kenji Fujimori, lo salvó al apartarse de la línea de su partido y votar contra la salida.

Según testimonios, Kuczynski y Kenji canjearon el indulto por los votos. Tres meses después, Kuczyncki renunció para evitar ser despedido ante un nuevo cuestionamiento del Congreso. En cambio, Kenji sí fue destituido por probarse que ofreció beneficios a colegas a cambio de votos a favor de Kuczynski. Después de que el indulto generara masivas movilizaciones de protesta, los deudos llevaron el caso a la Corte IDH, que en febrero objetó varios puntos del indulto, pero prefirió que antes de actuar hubiera un pronunciamiento de la justicia de Perú.

Fujimori fue sentenciado como autor mediato de dos masacres en las que murieron estudiantes universitarios, un profesor, varios vendedores de helados y un niño de ocho años, y de los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer, a quienes aparentemente se pretendió desaparecer. También recibió seis condenas en procesos por diversos casos de corrupción, las que se consideran cumplidas debido a que en el Perú no se acumulan las penas. Keiko Fujimori, hija mayor del exmandatario y dos veces derrotada candidata presidencial, opinó que la decisión de anular el indulto es “inhumana” y causó que sus familiares y correligionarios vivieran “uno de los días más tristes” de sus vidas, “extremadamente doloroso”. Una abogada de parientes de víctimas, Gloria Cano, calificó la decisión de Núñez como un triunfo de la justicia, mientras una de las principales seguidoras del exgobernante, Luisa María Cuculiza, señaló que la intención de esta medida es que su líder muera preso.