El dato del día superó los anuncios de Mauricio Macri apuntados a pagar la deuda histórica con los jubilados. Otra vez lo urgente tapó lo importante, como en casi todo en este país. Lo concreto es que la agenda pública del día se modificó abruptamente cerca de las 18.00 con la revelación del fallo judicial que paró la aplicación de la nueva tarifa gasífera.

Los mendocinos esperaban la resolución de la jueza federal Olga Pura de Arrabal sobre la demanda contra el aumentazo del gas domiciliario, que se dio instantes antes de concretar la primera marcha de las frazadas en contra del tarifazo. Mario Vadillo, uno de los dos abogados (el otro es José Luis Ramón) que lideran la ONG Protectora, dio la noticia a MDZ Radio señalando que la medida cautelar es por un plazo de tres meses. Además, da la orden judicial para que el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) diseñe un nuevo cuadro tarifario para Mendoza y que el aumento no supere el 80 % de la actual tarifa.    
 

Luego en Unidiversidad Noticias, Ramón hizo escuchar su queja y su denuncia contra Alfredo Cornejo porque el referente social considera que el gobernador no defendió a los ciudadanos mendocinos en este conflicto. Aquí el momento de la entrevista.

Repaso al medidor 

La llegada del frío y la inevitable necesidad de calefaccionarse vinieron en 2016 con el enojo de la población. Los aumentos de los servicios públicos en marzo de este año generaron el malestar de los mendocinos, que durante ocho años quedaron exentos de pagarlos por distintas medidas cautelares que frenaron los incrementos. 

La bonanza en los pagos de la factura mendocina arrancó en 2008. Ese año, a través de un decreto, la expresidenta Cristina Fernández autorizó la creación de un fondo fiduciario para solventar las importaciones de gas de Bolivia. En ese momento, la ONG Protectora presentó una medida cautelar para frenar el aumento, que fue validado por la justicia federal en julio de 2009. 

A lo largo de este período, el Enargas presentó apelaciones que la Justicia no aceptó, al tiempo que prorrogó el amparo a la ONG Protectora. La puja se extendió hasta marzo de 2016, cuando el nuevo Gobierno anunció el incremento de las tarifas, que en algunos casos llegaron hasta el 300 %.

Desde ese momento, la ONG Protectora presentó otra medida cautelar para frenar el segundo aumento, en paralelo a la pelea judicial que había desde 2008. En el debate se prendió el Gobierno provincial, que presentó un planteo formal contra el sistema tarifario, y en términos políticos la vicegobernadora Laura Montero cargó directamente contra el gobierno de Macri, acusando de inoportuna la decisión del aumentazo. 

En respuesta, Protectora organizó el "frazadazo" para hoy viernes 27, hasta que se conoció la resolución judicial sobre las dos medidas cautelares que había planteado la entidad civil.

Informe y producción: Juan Stagnoli- Amira Ascar Arias- Yamile Jury