Alfredo Cornejo tiene la mirada puesta en el sistema judicial desde que asumió la gestión. Los hechos están a la vista: en 2016 se aprobaron más de 15 leyes sobre este sector que, junto a la designación del procurador Alejandro Gullé y el juez de la Suprema Corte José Valerio, se combinaron para cambiar toda la estructura del ámbito penal. Uno de esos cambios fue la postulación de Mariana Silvestri para que ocupe el cargo de Defensora General, del Ministerio Público de la Defensa y Pupilar.

El nombramiento es importante porque responde al pedido de más mujeres en la Justicia. Al mismo tiempo permitirá visualizar las dos situaciones diametralmente opuestas en el mundo judicial: acusación y defensa. Antes de la Ley de Ministerio Público Fiscal, la defensa estaba dentro del ámbito de la procuración.

Esto era un problema porque la parte que acusaba compartía dependencia con el área encargada de defender al imputado en los casos en los que las personas no tenían dinero para sostener el proceso jurídico de manera particular.

Silvestri es abogada especialista en derecho penal. Durante 11 años se desempeñó  en la Defensoría de Pobres y Ausentes. Entre los casos más conocidos tuvo a su cargo la defensa del "Tanga" Gómez en la causa por la muerte de Matías Quiroga, en 2012.   

La funcionaria indicó que quiere mayor organización en el sistema. En este sentido, detalló que hay 16 personas en la defensoría de mayores, 20 en la de menores y 40 en el ámbito civil y familiar. Además hay asesores de familia departamentalizados. Según explicaron, la Defensoría Pública obtendrá mayor autonomía funcional y financiera, puesto que durante el primer año (es decir 2017) compartirá presupuesto con el MPF, pero luego tendrá partidas propias.

El recorrido

Al igual que sucedió con el Procurador y como establece la Constitución, Silvestri debe pasar la audiencia pública y luego ser aprobada por el Senado. Permanecerá cinco años en el cargo y podrá ser reconfirmada por el Gobernador, con acuerdo del Senado.

En este sentido, la funcionaria tendrá la categoría salarial equivalente al fiscal de cámara. Para su destitución debe procederse de igual modo que el previsto en la Constitución Provincial para los/las defensores/as públicos/as y asesores/as de personas menores. 

Para lograr que esta figura no se cambie con futuras gestiones, el Gobierno tiene en mente incorporar el cargo en la Constitución. El ministro de Trabajo y Empleo, Dalmiro Garay, aseguró que la idea se está analizando junto a otras medidas para modificar la Carta magna provincial. “Después de cien años quizás (la Constitución) necesite una modificación para que los mendocinos puedan reformar sus organizaciones; entre ellas, la posibilidad de que la acusación la haga el procurador y que la defensa pública la pueda hacer un funcionario distinto”, sentenció.
 

Otra mujer postulada

Además de Silvestri, Cornejo postuló a Liliana Muñoz para ocupar el cargo de vocal del Tribunal de Cuentas.

Muñoz es parte del gobierno y Cornejo la presentó como una funcionaria con amplia trayectoria en el ámbito público y privado. En la actualidad se desempeña como subsecretaria de Administración y Control del Ministerio de Salud.

Liliana Muñoz es una persona muy cercana a Cornejo. Ahora auditará las cuentas de la provincia. Foto: Prensa de Gobierno de Mendoza.

En la presentación, el mandatario repitió las cualidades de la funcionaria. Aseguró que “está perfectamente capacitada para ese rol porque en 29 años no registra multas de ningún tipo”, valoró Cornejo, al tiempo que recordó que desde 1977 no había mujeres en ese organismo de control.