Amnistía Internacional (AI) reportó este jueves que al menos 3000 trabajadores de la salud murieron en el mundo a causa de la pandemia de coronavirus, una cifra "probablemente subestimada", y advirtió que los gobiernos deben rendir cuentas por los decesos de los profesionales a los que no protegieron.

El informe de AI está centrado en la tasa de mortalidad de los trabajadores de la salud en 79 países. Según el archivo, los países que presentan el número más elevado de fallecimientos documentados de personal sanitario hasta la fecha son: Rusia, con 545; Estados Unidos, con 50; Reino Unido, con 540, incluidos 262 profesionales del servicio social; Brasil, con 351; México, con 248; Italia, con 188; Egipto, con 111; Irán, con 91; Ecuador, con 84, y España, con 63 profesionales fallecidos.

Los trabajadores sanitarios informaron, por su parte, sobre “una grave escasez de equipos de protección personal en casi todos los países estudiados en el informe. Esto incluye territorios que aún atraviesan lo peor de la pandemia, como India, Brasil y varios lugares de África”, añade el reporte. A nivel global, muchos trabajadores sanitarios denunciaron problemas para acceder a una remuneración e indemnización adecuadas, y cuando intentaron expresar los motivos de su preocupación, fueron objeto de represalias por parte de los gobiernos de sus países y las entidades empleadoras.

Trabajadores estigmatizados

También se denunciaron casos en los que trabajadores de la salud y de servicios esenciales sufrieron estigma y violencia debido a su trabajo.

Ejemplificaron con un caso en México en el que una enfermera fue bañada en cloro mientras caminaba por la calle; y otro en Filipinas en el que los agresores vertieron lavandina en la cara de un trabajador del servicio público de un hospital.

En otras ocasiones, estos trabajadores, según el reporte de AI, sufrieron actos de violencia y fueron estigmatizados. En al menos diez países, incluyendo Argentina, se recibieron informes de trabajadores de la salud que fueron desalojados de su vivienda, sufrieron intentos de desalojo, tuvieron dificultades para encontrar un lugar donde vivir o fueron estigmatizados en el lugar donde residen.

“Los derechos humanos del personal sanitario y trabajadores esenciales deben estar protegidos en sus lugares de trabajo. Cuando estas personas no están seguras, toda la sociedad paga el precio”, dijo Mariela Belski, directora de Amnistía internacional Argentina.

AI agrega que los estados afectados por COVID-19 deben realizar revisiones públicas independientes sobre su preparación y respuestas a la pandemia para proteger mejor los derechos humanos y las vidas en caso de un futuro brote de enfermedades masivas. Advierte además que, entre esas revisiones, deben incluir un examen para determinar si se protegen adecuadamente los derechos de los trabajadores de la salud y esenciales, incluido el derecho a condiciones de trabajo dignas y favorables, y el derecho a la libertad de expresión.