El 2020 puso en evidencia la crisis ambiental a nivel mundial. Coronavirus en el mundo, incendios forestales en 11 provincias argentinas y, en medio de la situación, un tratado porcino con China. En este sentido, a pesar de la presión que ejercen la sociedad civil y los integrantes de organizaciones y asambleas ambientales, la firma de acuerdos pro ambiente es un lavado de cara que no soluciona la crisis. Activistas, docentes e investigadores de la UNCUYO y el Conicet reflexionaron sobre la problemática.

“Hay crisis económica y social en todas las escalas. Desde los movimientos socioambientales, profesionales y colegas necesitamos que el afán de superar la crisis no se haga por vías que atenten contra el ambiente. La rebaja de retenciones a la minería metalífera decretada hace algunos días y la rebaja temporaria a la soja generan este tipo de inquietudes. Al inicio de la pandemia, hubo una romantización de los animales que retornaban a las ciudades, pero no quedó en claro que esta y otras crisis se inician por un modelo de producción a gran escala de extractivismo y avance de las fronteras agropecuarias o forestales, expresó Marcelo Giraud, ambientalista y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, a Unidiversidad.

Plan ambiental: "Las medidas son necesarias, pero insuficientes"

El especialista Eduardo Sosa consideró que el Plan de Políticas Ambientales que anunció la Nación contempla medidas necesarias pero insuficientes, y que no incluye una mirada innovadora respecto de lo que ya se venía haciendo.

Sin embargo, frente a la compleja situación económica del país, que se encamina a reestructurar los pagos de la deuda, pero que al mismo tiempo se enfrenta a la falta de trabajo, el desempleo, la inflación, el impacto de la fluctuación del mercado y la dependencia del dólar, se pone en debate cómo reactivar la economía argentina. En este escenario, la matriz de explotación de recursos se alza como “alternativa fácil” de crecimiento, tal como sucedió durante las últimas dos décadas con el superciclo de los commodities en América Latina.

“A nivel nacional, el problema ambiental más importante es el modelo extractivista, que consiste en una alianza público-privada donde se priorizan las ganancias y la generación de divisas para pagar una deuda ilegítima, en lugar de velar por los intereses de las mayorías y el medioambiente. Ese modelo impacta a escala provincial, por ejemplo, en cada una de las intenciones de reactivar la megaminería”, explicó María Marta Bernabeu, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras y becaria doctoral del Conicet.

Mendoza y el desafío de ser pionera en legislar la agroecología

La ley sobre agroecología convertiría a Mendoza en pionera en una legislación de este tipo, que busca incentivar un sistema de producción distinto, sustentable, rentable y que apunta a la bioeconomía como forma de diversificar y agregar valor a la producción agrícola. La ronda de consultas con diversos organismos continuará la semana próxima.

Si bien los especialistas consideran que, lentamente, la política y los políticos comienzan a dar importancia verdadera al ambiente, aún falta un gran camino por recorrer y hay poco tiempo para tomar decisiones que puedan revertir la situación crítica. “Más allá del carácter políticamente correcto de expresarse a favor del ambiente, de a poco, algunos integrantes de la clase política toman conciencia de la gravedad del problema. Sin embargo, en el Presupuesto 2021, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación tiene el 0,16 % del total, un monto del mismo orden de la Universidad Nacional de Cuyo”, indicó Giraud.

“La casta política se está dando cuenta de que la juventud tiene un compromiso real con el cuidado del medioambiente, que lo podemos ver desde la oleada de movilizaciones que generó Greta Thunberg hasta las últimas contra el acuerdo con China. Sin embargo, el gobierno no ha estado a la altura. Las políticas propuestas están lejos de atacar las causas de la crisis ambiental. Plantear la sustentabilidad en un sistema que tiene como principal objetivo la acumulación de capital es en sí mismo una contradicción”, dijo el geógrafo Luis Verdugo, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas.

La producción porcina, el eventual acuerdo con China y el debate del modelo productivo

El posible acuerdo con China para incrementar la producción de carne porcina en Argentina, anunciado por Cancillería, suscitó polémica en torno a las condiciones ecológicas y las posibilidades económicas. Marcelo Yaquet, militante social y trabajador del frigorífico recuperado La Foresta, unicado en La Matanza (Buenos Aires), y parte de la marcha por la soberanía, compartió su visión respecto del tema en Radio U.

Con la reforma de 1994, la Constitución Nacional estableció en su artículo 41 el derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; así como el deber de preservarlo. No obstante, para Bernabeu y Verdugo, “es papel mojado”.

“La firma de acuerdos ambientales como el de Escazú tiene que ver con que la dirigencia política de los partidos tradicionales comprende que la juventud está muy movilizada con la problemática ambiental; por eso, la firma de acuerdos genera una especie de confianza en las instituciones. Es lo que en las empresas se conoce como greenwashing, pero aplica también a gobiernos. Se trata de un conjunto de prácticas para lavar su imagen mediante la publicidad engañosa que nos hace pensar que esas organizaciones son muy respetuosas con el medio ambiente, cuando esto se aleja de la realidad. De esta manera, los acuerdos son un lavado de cara de los gobiernos que lo firman, pero que no van a la raíz del problema”, explicaron a Unidiversidad Bernabeu y Verdugo.

Acuerdo de Escazú: de qué se trata el pacto verde que ratificó Argentina

Un pacto verde regional: ese es el espíritu del Acuerdo de Escazú, que la semana pasada se ratificó por mayoría en el Congreso y que garantiza los derechos a la información, a la participación ciudadana en las decisiones y a la justicia en temas ambientales en América Latina y el Caribe.

Frente a la crisis, la sociedad comenzó a reaccionar y manifestarse a favor del cuidado ambiental. Por este motivo, una de las implicancias del proyecto de Ley de Educación Ambiental, anunciado por el presidente Alberto Fernández, es la realización de capacitaciones sobre medio ambiente en todos los ámbitos del poder, “al igual que funciona la Ley Micaela para las capacitaciones de Género y Diversidad”, dijo Giraud.

“Un extremo es lo que vimos en diciembre en Mendoza, que da cuenta de que hay límites que la sociedad no está dispuesta a dejar pasar a la clase política y empresaria-capitalista, pero, en general, la sensibilidad social es cada vez mayor, y todavía falta muchísimo. No se trata de una moda, aunque algunos políticos lo interpreten así. Por eso, las capacitaciones ambientales a funcionarios serían un paso en el sentido correcto para que, al menos, alguna vez se encuentren frente a estas temáticas”, concluyó Giraud.