El próximo miércoles 30 de mayo la Comisión de Reformas del Estado se reunirá en el anexo de la Legislatura para tratar los resultados de un informe que realizó  y presentó el 16 de mayo Nuestra Mendoza, una organización de la sociedad civil. 

Dicha organización no es partidaria, trabaja en políticas públicas de transparencia y participación ciudadana desde el año 2008, la misma surgió como iniciativa de la Red Argentina de Ciudades Justas Democráticas y Sustentables, una red con más de 60 iniciativas similares a esta organización en toda América Latina. En Mendoza, fue fundada por Valos, Fundación Avina y Los Andes, a partir de ahí se comenzó a trabajar con diferentes universidades, organizaciones y con la ciudadanía en su conjunto para tratar diferentes temas que ayuden en la transparencia y la participación.

Durante el segundo cuatrimestre del 2017, Nuestra Mendoza realizó un informe para ver como estaba funcionando el servicio de acceso a la información pública. Con ayuda de voluntarios, la organización fue buscando información de esta índole pero no como entidad sino como ciudadanos comunes, es decir, presentando el pedido por mesa de entrada  a través de los canales formales. Luego, al detectar ciertas falencias del sistema, se reunieron a hablar con sus contactos dentro de la Legislatura para mostrar lo que no estaba funcionando de la transparencia sobre datos publicos. 

En esta línea, desde Unidiversidad se intentó acceder a los asesoramientos  y donaciones que se realizaron durante el año pasado en la Legislatura, para sumarlos a los gastos de presupuesto anual que tiene cada legislador. Por estas dificultades, se recurrió a consultar sobre el tema a la organización Nuestra Mendoza.

Qué hacen los legisladores mendocinos con medio millón de pesos

Según información pública de la legislatura, Diputados y Senadores gastaron menos en viajes y viáticos durante el 2017, pero estos fondos incluyen asesoramientos y donaciones que no están especificados. Cuáles son las normativas del sistema. ...

“Hay algo en el circuito que está andando mal, en el camino y se pierde. Entonces, es la necesidad de ajustar eso”, comenzó explicando a este sitio Facundo Heras, Director Ejecutivo de Nuestra Mendoza y sociólogo argentino:

¿Cómo ha sido el avance de la Ley de Acceso a la Información Pública?

Nosotros venimos trabajando en la promoción de la ley que, por lo trascendido, debería salir en estos días. El 31 de Mayo  está el evento de Argentina Abierta y la provincia queda muy expuesta si no cuenta con una normativa que regule el acceso a la información pública. Se está mostrando como una provincia abierta y las normativas básicas que debería tener cualquier gobierno abierto no las cumple. Se ha avanzado mucho en la forma activa, la página de la Legislatura tiene información, rendiciones de cuentas, etcétera. Pero cuando no puedo acceder a esa información que estoy necesitando, entonces no está garantizando el derecho realmente. Se están haciendo esfuerzos para avanzar pero falta decisión política, con la sanción de una ley que garantice que podamos acceder a este tipo de información por otros lugares, no solamente desde el gobierno provincial, sino también de los locales con todas las diferencias que tienen, hay  muchos que publican mucha información activa y otros que no publican nada.

¿Por qué cree que pasan estas cosas?

Por un lado, es parte de un paradigma en el cual la información tenía dueños, el Estado. Hoy en día la información es poder en la sociedad en la que vivimos y, monopolizar la información es monopolizar el poder. Con las democracias que se están dando y el rol más activo de la ciudadanía junto con los reclamos permanentes, sumado a la ola de la apertura de los gobiernos a nivel internacional y diferentes redes que promueven este tipo de prácticas, se han empezado a abrir los gobiernos  y las nuevas gestiones de gobierno también empiezan a entender que es básico para fortalecer la democracia transparentar las gestiones, principalmente pensando en las gestiones acusadas de corrupción de este último tiempo y que, el propio gobierno, principalmente que hoy es oficialismo se encargó de señalar permanentemente y de marcar que era lo que ellos venían a contrarrestar y a combatir.

¿Qué papel juega la transparencia?

La transparencia ha sido un caballo de batalla de esta gestión, por lo menos desde el discurso y lo dialéctico, ahora hay que traducirlo a la práctica, no únicamente con las acciones que se vienen dando, como remarcábamos de forma activa, sino también traducirlo e institucionalizarlo a través de normativas, con una ley provincial en el caso del gobierno provincial y en los casos de los gobiernos locales con ordenanzas o adhiriendo a la ley provincial. Es la única forma de generar transparencia y garantizar la participación ciudadana, las construcciones deben ser colectivas pero si no les damos información a los ciudadanos, a los medios y a las organizaciones para que realmente puedan participar desde un lugar informado, la participación termina siendo limitada.

¿Cuáles son las principales fallas?

 De decisión política en algunos casos, miedo a lo que puede pasar cuando se abre información del Estado, pensamos que mañana nos van a caer 300 pedidos de información y no tenemos la capacidad interna de dar respuesta en los plazos que establece una normativa y realmente, es una situación que no se da así. Mientras más información abras, menos te van a pedir por mesa de entrada de las diferentes oficinas. Además, falta un proceso largo de concientización y capacitación de la ciudadanía respecto a lo que es el derecho a la información pública y de qué forma ejercerlo, por lo tanto no se ejerce casi. La Ciudad de Mendoza, por ejemplo, solo tenía un pedido a la información pública el año pasado y había sido de un Concejal, ni siquiera de la ciudadanía. A eso se suman algunas falencias más técnicas que existen dentro de los municipios, falta de conducta de sistematización de información, relevamiento y evaluación. Hay muchos municipios que no es que te dan información de los gobiernos porque no quieren sino que no tienen la información que se les está pidiendo.

¿La gente no consulta esa información porque no sabe o porque no está interesada?

Hay un poco de las dos cosas, existe una falta de conocimiento, sin lugar a duda, respecto del derecho que tienen para poder acceder a la información pertinente. Y por otro lado, también existe una falta de interés de algunos sectores, lo cual creo que no puede ser utilizado como excusa para no avanzar en la legislación de este derecho.

¿Por qué no hay interés?

Esta falta de interés se debe a un descreimiento en estas políticas de transparencia, en el gobierno, a una falta de confianza en estos espacios de participación que se pueden generar y la única forma de combatirlo es dando herramientas para ir acortando esa distancia entre ciudadanía y gobierno. Nos quejamos cuando dicen: “Son todos ladrones, son todos lo mismo”, y desde el sector político dicen que no todos son iguales, pero la forma de desconstruir estos discursos armados es ponerle la información a disposición. Si no, es difícil romper con esta lógica y con la concepción que tiene el ciudadano del gobierno, que lo lleva a que exista una distancia bastante pronunciada entre lo que son los funcionarios y los ciudadanos. La única forma es empoderando con la palabra y con la acción a todos los actores.

¿Cree que va a servir la oficina de Ética Pública recientemente creada?

Confío y espero que vaya a servir. Presentamos junto con otras organizaciones un comunicado, que fue mal interpretado por algunos sectores porque nuestro pedido radicaba en que no estábamos de acuerdo con el mecanismo de selección de la autoridad de este organismo (Gabriel Balsells Miró). Si bien se cumplió legalmente con lo que establece la Ley de Ética Pública, que era una persona propuesta por el gobernador y aprobada por el Senado, nosotros creíamos que, en línea con las acciones y con el discurso de apertura de gobierno que viene llevando el Ejecutivo, la forma de elegir esta persona debería haber sido mucho más abierto y transparente, y de hecho hicimos algunas recomendaciones de cual creíamos nosotros que debía ser el camino.

¿Cuál debería haber sido el mecanismo?

Para nosotros, se debía abrir una instancia de convocatoria de diferentes sectores de la política (organizaciones, universidades, entre otros) presentaran candidatos que creían que tenían la capacidad para cumplir ese rol y, a partir de eso, conociendo a cada uno de ellos, que fuese el gobernador que eligiese cual era esa persona. Lo que garantizaría que esa persona fuese lo más idónea e independiente  posible del poder de turno. Creemos que se perdió esta gran oportunidad de poder realmente mostrar a través de acciones concretas como podía elegirse a través de un mecanismo participativo y transparente, una persona que iba a ocupar un rol fundamental en una oficina encargada de monitorear la Ley de Ética Pública, asegurar su cumplimiento y la Ley de Acceso a la Información en el caso de que sea sancionada, porque el órgano de aplicación de esta es esa oficina.

¿Qué opina sobre Gabriel Miró para este cargo?

Nunca dijimos que Gabriel no debía ser esa persona sino que no era el mecanismo ideal. No dudo que tenga las capacidades y tiene experiencia en el campo que le va a tocar gestionar, simplemente espero que tenga la independencia para poder actuar sin ningún tipo de condicionamiento de los poderes de turno. Confió y desde la fundación, vamos a estar ahí para trabajar en las acciones y medidas que sean necesarias para poder llevar adelante esto.