Con el objetivo de lograr visualizar los factores asociados a la violencia de género y a su vez, aplicar las políticas adecuadas para abordarla de manera responsable, la Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público de la Nación realizó una investigación con datos aportados entre 2015 y 2017 por el Sistema de Administración de la Justicia Nacional en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

Para realizar el informe que da cuenta de los distintos aspectos que hay detrás de cada hecho de violencia, la estrategia del equipo de investigación consistió en analizar una muestra de 158 casos que ingresaron a 14 fiscalías de la Justicia Nacional de Capital Federal. Nacional, edad, nivel de instrucción alcanzado, situación habitacional y estado de empleabilidad se sumaron –entre otros aspectos- entre las variables a analizar para determinar los “perfiles” de las mujeres víctimas de diferentes formas de violencia como así también de los victimarios.

Si bien lo datos corresponden a Buenos Aires, hay que señalar que este es el único estudio estadístico existente en el país y por lo tanto, permite lograr un panorama más completo de la problemática.

Población femenina denunciante

De acuerdo al abordaje realizado, el 66% de las mujeres denunciantes son argentinas, mientras que 34% son migrantes. Paraguay está entre los países extranjeros de los cuales proviene 14% de las afectadas por la violencia de género. Al abordar la edad de las víctimas, el informe destaca que ellas tienen en su gran mayoría entre 19 y 49 años (91%).

En tanto que las de 18 y 30 años y de 31 a 49 se reparten por igual proporción en las estadísticas, siendo las mayores de 50 años quienes se encuentran entre la minoría denunciante.

El nivel de instrucción fue otro aspecto analizado en el informe: no se registran mujeres analfabetas y la proporción de ellas con su primaria incompleta es baja; 7%. Vale decir que el restante 93% de población femenina se reparte entre un 67% de mujeres con primario completo y secundario completo e incompleto; un 11% de mujeres con estudios terciarios, otro 11% con estudios universitarios incompletos. Sólo un 4% que finalizó sus estudios universitarios.

En lo que al ámbito laboral se refiere, el estudio destaca que prevalecen entre quienes denuncian agresiones por parte de su pareja o ex pareja, prevalece con un 66% las trabajadoras remuneradas, mientras que el 30% está desocupada o trabaja de manera no paga.

Población masculina denunciada

El estudio de la Dirección de Políticas de Género del Ministerio público de la Nación, también puso el foco en el perfil de los varones acusados por sus parejas o ex parejas. Los victimarios son en su mayoría, argentinos (69%) y en una menor porción migrantes (31%). Entre los últimos figuran inmigrantes paraguayos, peruanos, bolivianos y de otras nacionalidades.

Respecto de las edades, los agresores investigados por la Justicia tienen en su mayoría, entre 31 y 49 años y representan más de la mitad de la población estudiada: 54%. A este rango etáreo le siguen los jóvenes de entre 18 y 30 años, con un 30%. Finalmente, el grupo de adultos de entre 50 y 64 años y adultos mayores de 65 años y más alcanzan el 16% restante.

En cuanto al nivel de instrucción alcanzado, hay que decir que según el estudio mencionado sólo se registra una persona analfabeta, y la proporción de varones con primario incompleto es relativamente baja (8%). En tanto que el 30% de los agresores presentaron un nivel de estudios de secundario incompleta, 23% con este nivel aprobado y el 21% con la primaria incompleta.

El restante porcentaje de población masculina se reparte entre un 3% con estudios terciarios, otro 6% con estudios universitarios incompletos y sólo un 4% que finalizó sus estudios universitarios.

La condición laboral de trabajador remunerado es otro aspecto analizado al poner el foco en el perfil de los agresores denunciados: 74% es trabajador remunerado mientras que el 14% está desocupado.

Del informe se destaca además que la gran mayoría de las parejas en las cuales las mujeres han denunciado ser víctimas de distintas formas de violencia (psicológica, física y sexual, entre las principales), tanto la mujer agredida como sus hijos viven bajo el mismo techo con el victimario y por lo tanto ellos, también se encuentran en serios peligros. En este caso, por ejemplo, el total de hijos registrados es de 196, de los cuales 175 son menores de edad (89%).

El estado de las causas iniciadas ante la Justicia también fue un aspecto incluido en el estudio. De hecho, cuando se terminó de realizar el relevamiento en julio de 2017, 137 causas habían concluido, mientras que 21 se encontraban en trámite. De ellas, 15 fueron elevadas a juicio y seis permanecían en etapa de instrucción.

La resolución de las causas fue otro tema estudiado y quedó en evidencia que muchas veces el riesgo para la mujer sigue vigente en manos de un sistema que va por detrás de los hechos. Es que de acuerdo al informe, los tipos de salida más recurrentes en estos casos, fueron el sobreseimiento de los denunciados y el archivo de las causas (72%).

En el 14% de las causas se concedió la suspensión del juicio a prueba, en tanto que el 10% se remitió por incompetencia a la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sólo en el 4% de los casos se dictó una sentencia condenatoria.

Es alarmante el dato que después de un relevamiento efectuado para lograr un seguimiento de las causas iniciadas por las 158 mujeres, 33 realizaron nuevas denuncias contra la misma persona. Vale decir que la mayoría de los hechos se produjeron en el hogar, alcanzando un 74% de los casos, mientras que un 25% ocurrieron en la vía pública.

En relación con los antecedentes de violencia, el 99% de las mujeres relataron haber sufrido hechos previos por parte del denunciado. Sin perjuicio de ello, sólo manifestaron haber realizado denuncias por esos episodios 46 mujeres (29%), mientras que la gran mayoría (112 mujeres que representan el 71% de la muestra) no había recurrido al sistema de justicia a denunciar las agresiones.

Contener y escuchar, la clave para ayuda a sanar

Desde el análisis de la psicóloga especializada en perspectiva de género e integrante del colectivo Mumala, Fabiola Riveros, las consecuencias que sufren las víctimas de violencia van desde vivenciar emociones negativas que quedan en el silencio, debido a que desde el entorno social se tiende a culpabilizar a la mujer. “Se menoscaba la autoestima, la mujer se culpabiliza a sí misma y eso se manifiesta en todas las áreas de su vida”, detalla la profesional.

El abordaje terapéutico en este sentido, destaca Riveros, es lograr que la mujer pueda darle una entidad a las palabras, expresarse con la seguridad de que quien la escucha no la juzgará ni emitirá pre conceptos sobre su persona. “No hay una receta, cada subjetividad es muy particular y es fundamental que la víctima se sienta escuchada y contenida”, destacó la psicóloga.