Pedir perdón para que nada cambie: esa es la lectura que hizo el representante de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico en Argentina, Carlos Lombardi, luego del mea culpa que el Papa Francisco hizo ante las víctimas irlandesas. Lombardi subrayó que la única forma de modificar la actual estructura de encubrimiento es que la Iglesia Católica cumpla las recomendaciones que le hizo en 2014 el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

Por segunda vez en la historia, un papa visitó Irlanda, considerada durante años un bastión del catolicismo. Esto comenzó a cambiar especialmente luego de que salieran a la luz los abusos sexuales cometidos contra cientos de pequeños, los trabajos inhumanos a los que fueron sometidas niñas huérfanas por parte de las monjas de las Hermanas de la Magdalena, así como adopciones forzosas y la separación de las familias. Frente a esto, Francisco pidió perdón a las víctimas y reconoció la responsabilidad de la curia.

El mea culpa del Pontífice no conformó a las víctimas, quienes le pidieron acciones concretas para que los sacerdotes abusadores sean juzgados y condenados. “La Irlanda católica que permitió este tipo de abusos ha muerto, y ha sido reemplazada por una Irlanda secular que exige respeto y dignidad”, dijo en medio de ese encuentro Colm O’Gorman, el director de Amnistía Internacional.

Lombardi coincidió con esa visión. Dijo que pedir perdón no cambia nada, no repara el daño causado a las víctimas y permite continuar con el encubrimiento a los sacerdotes y religiosas que cometieron abusos.

El Papa volvió a pedir perdón por los abusos

Fue durante su visita a Irlanda, donde se reunió con víctimas. No obstante, hubo críticas por la falta de cambios concretos.

Los cambios de fondo 

El letrado dijo a Unidiversidad que si la Iglesia Católica tuviera alguna voluntad de enfrentar seriamente el problema, seguiría las recomendaciones que le hizo en 2014 el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que solicitó cambios profundos.

El documento que dio a conocer el Comité luego de analizar la actuación de la Iglesia en relación con los casos de abuso fue lapidario. “El Comité está seriamente preocupado porque la Santa Sede no ha reconocido el alcance de los delitos cometidos ni adoptado las medidas necesarias para abordar los casos de abusos sexuales de niños y protegerlos; ha adoptado, en cambio, políticas y prácticas que han permitido la continuación de dichos abusos por clérigos y la impunidad de los perpetradores”.

Pese a las recomendaciones que el organismo internacional hizo a las autoridades eclesiásticas, Lombardi subrayó que nada ha cambiado. Dijo que la Iglesia continúa con las investigaciones canónicas que maneja la Congregación para la Doctrina de la Fe y en las que no tienen ninguna participación las víctimas. Además, recalcó que continúa vigente el secreto pontificio, es decir, la orden de silencio para todos los estamentos de la curia que conozcan alguna denuncia.

Lombardi explicó que la realización de la investigación canónica en los casos de abuso sexual es posible gracias al concordato que firmó la Iglesia Católica con el Gobierno argentino en 1966, que continúa vigente. Es un documento al que Lombardi consideró inconstitucional, porque reconoce a la curia la posibilidad de hacer una pesquisa puertas adentro, cuando en un Estado de Derecho es el Poder Judicial el que tiene en sus manos esa responsabilidad.

El letrado explicó que nada ha cambiado y que la Iglesia sigue con el mismo modus operandi: hacer una investigación interna, escuchar solamente a los acusados, negar la posibilidad de defensa a las víctimas, trasladar a los acusados a otra diócesis o país para que continúen ejerciendo el sacerdocio y no denunciar los casos ante la Justicia.

El caso mendocino

Lombardi explicó que el caso mendocino, en el que se investigan los abusos a exalumnos del Instituto Próvolo, es una muestra clara de la actuación de la Iglesia y de que nada cambió. Dijo que uno de los acusados, el sacerdote Nicola Corradi, fue trasladado desde Verona, Italia, donde tenía denuncias por abusos; que la Iglesia ordenó una investigación interna, en cabeza del obispo auxiliar de La Plata, Alberto Bochatey, el que, aseguró, solo puso en duda la credibilidad de las denuncias contra Corradi y pidió a las autoridades provinciales reabrir el instituto, pero nunca se preocupó por ayudar ni escuchar a las víctimas.

La investigación, que lidera el fiscal Gustavo Stroppiana, ya tiene a 14 personas imputadas; algunas, por abusos directos, y otros, con distintos grados de responsabilidad. La lista incluye a los sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho; los exempleados José Bordón y Armando Gómez, las religiosas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez (integrantes de la Congregación Hijas de María Santísima del Huerto), además de exdirectivos y profesionales de la institución.