Kemelmajer y el aborto no punible: “Mendoza está en deuda”
Lo dijo la exministra de la Suprema Corte Aída Kemelmajer de Carlucci, quien lo consideró un problema de género y de salud pública. También habló sobre las falencias del sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes y recalcó la falta de coordinación entre los poderes del Estado.
La exministra de la Suprema Corte de Mendoza Aída Kemelmajer de Carlucci aseguró que Mendoza estaba en deuda al no contar con un protocolo de aborto no punible, que respetara la interpretación que hizo el máximo tribunal del inciso 2 del artículo 86 del Código Penal.
Kemelmajer de Carlucci habló con Edición UNCUYO antes de brindar la conferencia inaugural de la Diplomatura en el Nuevo Código Civil y Comercial Unificado, que se dictará a partir de marzo, en la Facultad de Derecho de la UNCUYO. Recalcó que Mendoza, y en especial el Poder Ejecutivo, tenían una deuda respecto del protocolo de aborto no punible y también reflexionó sobre los inconvenientes que enfrentaba el sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes que, según su punto de vista, se centraban en la falta de coordinación entre los distintos estamentos del Estado.La interpretación de la Corte
El 13 de marzo de 2012 la Corte Suprema de Justicia dio a conocer un fallo en el que precisó el alcance del aborto no punible, contemplado en el Código Penal.
En ese fallo, los jueces supremos enumeraron tres reglas claras sobre el aborto no punible. En la primera interpretaron el inciso 2 del artículo 86 del Código Penal, al asegurar que no resultaba punible la interrupción del embarazo proveniente de toda clase de violación y no sólo cuando la víctima fuera demente o idiota. La segunda determinó que los médicos no debían requerir autorización judicial, sino la declaración jurada de la víctima o de su representante legal, en la que manifestara que el embarazo era consecuencia de una violación.
La tercera regla se refirió a la actuación de los jueces. El máximo tribunal aseguró que tenían la obligación de garantizar derechos, por lo que su intervención no podía convertirse en obstáculos para ejercerlos. Por esto, debían “abstenerse de judicializar el acceso a esta intervención”, decisión que quedaba reservada a lo que dijeran la paciente y su médico.
En el fallo, los supremos exhortaron a las autoridades nacionales y provinciales a implementar protocolos hospitalarios para la concreta atención de abortos no punibles “a los efectos de remover toda barrera administrativa o fáctica al acceso a los servicios médicos”.
Los jueces también determinaron que se arbitraran los mecanismos para que el personal sanitario pudiera ejercer su derecho de objeción de conciencia, sin que ello se tradujera en derivaciones o demoras en la realización de la intervención.
A raíz de este fallo del tribunal, el Ministerio de Salud de la Nación elaboró la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos no Punibles. Muchas provincias adhirieron a esta guía o hicieron un protocolo propio en base a la misma, pero contemplando el fallo de la Corte.
Mendoza no siguió ese camino. El gobernador, Francisco Pérez, repitió en varias oportunidades que la provincia contaba con un protocolo para casos de abortos no punibles, aunque el mismo no contemplaba la interpretación que hizo la Corte de un inciso del artículo 86.
Desde que la Corte dio a conocer su fallo, en la Legislatura se debatieron varios proyectos para adherir al protocolo que elaboró el Ministerio de Salud de la Nación, aunque los mismos no prosperaron.
Kemelmajer de Carlucci dijo que Mendoza estaba en deuda respecto de este tema: muchas mujeres que hoy tendrían que tener una interrupción del embarazo segura en los hospitales públicos no la tienen, aunque muchas de ellas son adolescentes que quedaron embarazadas fruto de la violencia moral, económica y de todo tipo.
“En mi opinión, Mendoza está en deuda y creo que la deuda no la tiene por qué cubrir el poder Legislativo: es un problema del Poder Ejecutivo, porque este es un tema de salud pública”.
La exministra de la Suprema Corte recalcó que lo fundamental era la educaación para evitar que se produjeran embarazos no deseados, especialmente entre las adolescentes, una franja etaria donde la cantidad de embarazos no deseados creció en los últimos años.
Pese a esta necesidad de profundizar el aspecto educativo, Kemelmajer de Carlucci, recalcó que cuando el embarazo ya se produjo, muchas veces por violencia en el seno de las propias casas, el sistema de salud pública debía brindar una respuesta.
Consultada sobre si Mendoza podría sufrir sanciones internacionales por este tema, tal como lo interpretó la doctora en Derecho y Bioética Eleonora Lamm, la exministra del máximo tribunal provincial ratificó ese concepto. Dijo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya había expresado que las decisiones tomadas por países como El Salvador, Nicaragua y Chile, que eliminaron entre las causas de no punibilidad la de grave riesgo para la vida y la salud de la madre, violaban la Convención Internacional de la no Discriminación contra la Mujer, dejando en claro que los temas referidos a la interrupción del embarazo eran típicamente de género.
Niñez: un problema de todos
La profesora titular de Derecho Civil en la UNCUYO también habló sobre las falencias del sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes y sobre la importancia de adecuar la ley provincial a la norma nacional, con la intención de delimitar claramente las responsabilidades de cada una de las partes.
El trabajo de adecuación de la norma provincial a la nacional lo llevan adelante las integrantes de la Comisión Bicameral de Niñez, presidida por la diputada Sonia Carmona, quienes se reunieron con especialistas en la materia para que realizaran sus aportes. Hace un mes presentaron en la Legislatura un borrador del proyecto de ley.
La ley provincia de Niñez, con la que Mendoza fue pionera en el país en esta materia, responde a un paradigma distinto al de la nueva norma (26061), que fue aprobada por el Congreso a fines del 2005 y puede ser considerada como la reglamentación de los postulados previstos en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, a la que Argentina adhirió e incorporó al bloque constitucional en 1994.
La ley intenta dejar atrás cien años de patronato y uno de sus aspectos significativos es la “desjudicialización” de la infancia, teniendo en cuenta que la mayoría de los problemas que la aquejan son económicos, sociales y culturales, y que los mismos no son competencia del Poder Judicial sino del Poder Ejecutivo, quien debe poner en marcha políticas públicas para solucionarlos.
En Mendoza la aplicación se hizo en forma paulatina, ya que la Suprema Corte de Justicia sacó una acordada que suspendió su aplicación, en tanto se pusieran en marcha los mecanismos procedimentales para hacerla efectiva. Luego de la decisión de la Corte comenzó a trabajar una comisión de expertos que fijó los lineamientos de la implementación de la ley, que se efectivizó en 2008 con la firma de un protocolo entre los poderes Ejecutivo y Judicial.
Desde ese momento se puso en marcha un sistema articulado por la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), cuya cabeza es el Órgano Administrador Local (OAL) y los servicios de protección de derechos ubicados en los departamentos. A ese entramado se suman las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y la comunidad, ya que la norma planteaba la responsabilidad de todos de velar por los derechos de los niños.
Kemelmajer de Carlucci explicó que, junto a un grupo de profesionales, realizaría aportes para adecuar la norma provincial a la nacional y al nuevo Código Civil y Comercial Unificado, del que es coautora, junto al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti y a la ministra Elena Highton de Nolasco.
La doctora en Derecho recalcó que el problema fundamental del sistema de protección actualmente en vigencia en Mendoza era la falta de coordinación entre los poderes del Estado y recalcó que aún dentro del Ejecutivo existían discordancias entre los propios ministerios. “El problema es de coordinación. Hay que entender que el tema de la niñez no es un tema del poder Ejecutivo solo, ni del Judicial solo, ni del Poder Legislativo solo. Acá hay que trabajar todos y en forma coordinada. Estoy harta de gente de Poder Ejecutivo que me habla mal de los jueces y de jueces que me hablan mal del Poder Ejecutivo, hay que terminar con esto. Todos tienen que trabajar en forma coordinada”, recalcó.
Fuente: Edición UNCUYO
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